MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Entre los acuerdos destacan el registro como sindicato nacional de industria de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, la afiliación de todos los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social y la gestión de las autoridades para que la patronal presente una propuesta lo más cercana posible a los 200 pesos de salario diario, comprometiéndose el gobierno a poner lo que falte (siempre dispuesto a defender las ganancias de los empresarios).

El salario de 200 pesos diarios sería homologado a todos los jornaleros y retroactivo al 24 de mayo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se comprometió a dar seguimiento a los acuerdos “a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se encuentran en condiciones de pobreza, lo que es equiparable a una situación de esclavitud moderna”, informó el diario La Jornada.

La patronal desconoce los acuerdos
El viernes 15, el vocero del Consejo Agrícola de Baja California anunció que la patronal desconocía los acuerdos y que se sostenía en su propuesta de 15% de aumento salarial a partir del 27 de marzo, con sueldos diferenciados entre los ranchos agrícolas.

Por su parte el gobernador de Baja California, el panista Francisco Vega de Lamadrid, dio a conocer que se encuentra en negociaciones con los empresarios agrícolas para revisar la propuesta del gobierno, en un intento por mostrar una supuesta buena voluntad de la patronal y mantener calmados los ánimos de los jornaleros.

Secretaría del Trabajo y burocracia sindical con los patrones
En una muestra más de que las instituciones del Estado mexicano están para representar los intereses de los empresarios, el subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y de que desconocen los propios acuerdos que ellos impulsan para engañar a los trabajadores, Rafael Avante, declaró respecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que “la autoridad laboral carece de cualquier atribución para fomentar o propiciar ningún tipo de incremento salarial”.

Con esta falsa aseveración –el gobierno, por ejemplo, establece el monto del salario mínimo-, la STPS le muestra a los jornaleros que no respalda sus demandas y pone de manifiesto que los empresarios agroindustriales no solo mandan en sus ranchos, sino que son los patrones también del gobierno.

De esta forma garantizan condiciones de explotación verdaderamente esclavistas, las cuales requieren los grandes empresarios capitalistas para mantener y ampliar sus ganancias. Esta es una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio y de la subordinación a los Estados Unidos: precarizacion laboral y condiciones de trabajo esclavo como la base de las ganancias de las trasnacionales.

De todo esto es cómplice la burocracia sindical. Los contratos colectivos de los jornaleros del Valle de San Quintín están controlados por principales centrales obreras del país, las oficialistas Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que desde hace años han impuesto contratos de protección patronal.

Tanto la CTM como la CROM aceptaron la propuesta patronal de 15% de aumento salarial.
Ante el anuncio del registro de la Alianza de Organizaciones de los jornaleros de San Quintín como sindicato nacional, el secretario general de la CROM, Rodolfo González Guzmán, anunció que participarán en la disputa por los contratos colectivos.

En el marco de la 63° Convención Nacional de esa central sindical, Rodolfo González no dejó pasar la oportunidad para hacerle un guiño a la patronal: “los mismos empresarios de San Quintín están haciendo un tabulador de salarios para mantener la equidad (contención salarial) y que la gente no se vaya a trabajar a otro lado”, según publicó La Jornada.

14 jornaleros continúan presos
Parte de los acuerdos de la mesa de negociación en Ensenada fue la liberación de los 18 jornaleros presos. Cuatro de ellos, indígenas triquis detenidos durante la brutal represión de la policía estatal de Baja California en la colonia Nuevo San Juan Copala el pasado 9 de mayo, fueron liberados el viernes 15.

Sin embargo, los 14 jornaleros detenidos el 17 de marzo, día en que comenzó la huelga de decenas de miles de trabajadores agrícolas con el bloqueo de la carretera Transpeninsular, continúan presos en el Centro de Readaptación Social de Ensenada, acusados de robo calificado, sujetos a proceso penal y sin derecho a fianza, informó Milenio.

A la represión contra los jornaleros de San Quintín se sumó la madrugada de este lunes un ataque con piedras a la casa de Lucila Hernández García, vocera del movimiento y activista por los derechos laborales de las jornaleras y contra el acoso sexual.

La casa de Lucila Hernández se ubica en la comunidad Las Casitas, en el rancho Los Pinos. Aunque el ataque fue realizado por personas desconocidas, la vocera de los jornaleros señala como probables responsables a los empresarios de la zona, los únicos con quienes ha tenido problemas, según dio a conocer Proceso.

No bajar la guardia
De concretarse los acuerdos que se han firmado hasta el momento, representaría un triunfo para los combativos jornaleros de San Quintín, que han mostrado con su ejemplo el enorme potencial de la organización y la unidad de los trabajadores, además de la efectividad de los métodos de lucha obreros como la huelga.

Sin embargo, como lo muestran la represión, la actitud y sus declaraciones, las autoridades y los patrones no están dispuestos a ceder fácilmente. Esto a pesar de las muestras de buena voluntad que han dado los jornaleros con el levantamiento de la huelga y el regreso a sus labores.

La próxima mesa con las autoridades está fijada para el 4 de junio en San Quintín, en la que se espera que los empresarios presenten su propuesta de aumento salarial.

De cara a esta nueva negociación, es necesario no bajar la guardia y seguir desarrollando la organización y la movilización independiente, exigiendo la libertad inmediata de todos los jornaleros que permanecen presos, que el aumento salarial recaiga completamente sobre los empresarios y sin depositar ninguna confianza en las autoridades, que harán todo lo posible por desgastar la lucha.

Los sindicatos que se reclaman opositores deben ponerse a la cabeza, junto a los distintos sectores en lucha como el movimiento por Ayotzinapa y la CNTE, de redoblar la solidaridad nacional e internacional que ha concitado la justa lucha de los jornaleros de San Quintín.