MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Todos vimos la alianza reaccionaria de Mancera con Peña para desalojar a la CNTE del Zócalo: las fuerzas policiacas rompieron e incendiaron todo a su paso y golpearon a los maestros. Desde entonces el GDF y el gobierno federal se apropiaron de la explanada e impiden las protestas de cualquier tipo –“encapsulan” contingentes antes de llegar al Zócalo–. Pero el autoritarismo de Mancera contra la población va más allá. El GDF instala un grupo de comunicación y coordinación con la PGR, la SEDENA, la Secretaría de Marina y el Cisen, para “aportar datos de inteligencia” en los límites del DF y “mantener el orden y la paz pública” en la ciudad: es una forma de militarización del DF.

Esto implica un reconocimiento del avance del narcotráfico en el DF. Aunque Mancera busca legitimidad ante estas medidas de seguridad, sabemos que lo hará bajo la misma premisa del gobierno en todo el país: protegiendo los nombres de altos funcionarios involucrados en el negocio del narco.

Esta política prepara la criminalización y la persecución. Se apoya en las instancias encargadas de proteger al estado burgués de riesgos o amenazas. La mayor amenaza para la burguesía es un salto en la lucha de clases, por eso vemos en los documentos recientemente desclasificados del Cisen, la cronología exacta, con nombres, fechas, acciones, ideas de pensamiento y propuestas políticas de los estudiantes que sostuvieron la huelga de la UNAM en 99-00. El Cisen se encarga de registrar la menor molestia de la población contra el gobierno y las repercusiones ante cada hecho: inundaciones, explosiones de Pemex, movimientos y organizaciones sociales, huelgas, elecciones, asesinatos como Aguas Blancas, relaciones de mexicanos con Cuba, etcétera.

Mientras Mancera impone nuevas medidas políticas que limitan el derecho a la protesta social y criminaliza a luchadores sociales, las necesidades de la ciudad se minimizan y su caída en las encuestas es impresionante. Tuvo que huir ante los reclamos de algunos manifestantes, entre quienes había activistas del movimiento 1DMX, durante el informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que “fueron encabezados por anarquistas” –nueva categoría que descalifica y criminaliza inconformes–, no tardaron en decir, y de inmediato han amenazado con buscarles delitos.

Reprimir ante todo

El presupuesto de egresos para este año, asignado a 13 organismos para educación, salud y asistencia del DF (es de $10,059,312,560), entre los que destacan la Secretaría de Salud del DF, instancias deportivas, de prevención de adicciones, de educación media superior, no suma el presupuesto que recibe la Secretaría de Seguridad Pública ($13,729,804,038) solamente.

Un ejemplo del resultado de las prioridades del GDF y su despreocupación por los problemas de la población es la extensión de la trata de personas: El Consejo Nacional de Población registra más sexoservidoras en el DF que maestros de educación básica (300 mil contra 70 mil profesores). Es casi el número de estudiantes de la UNAM (337 mil 763). Pero Mancera combate la disidencia social, mientras ignora a miles de mujeres y niñas enroladas en la prostitución, en territorios sin ley, con víctimas de trata en colonias populares y turísticas de la ciudad. Con policías del DF entre sus clientes o coludidos con sus captores. Aquí los temas de seguridad desaparecen y la actividad de los tratantes le importa poco al Cisen.

Ante el avance de la represión es necesario organizarnos, las organizaciones sociales, políticas, sindicatos, grupos de derechos humanos, colectivos y activistas independientes. Impulsemos una coordinadora nacional contra la represión y contra las leyes que criminalizan la protesta social. Es necesario movilizarnos por la libertad de los presos políticos del país y contra la militarización y toda colaboración entre el GDF y el gobierno federal.