MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Corría el mes de julio del 2014 cuando el diario El País en su sección internacional, denunció la desaparición de hasta 300 personas en las localidades de Allende, Piedras Negras y comunidades circundantes, perpetrada en marzo del 2011. Presuntamente, hombres, mujeres y niños fueron sustraídos de sus casas por un comando armado, en el cual participaron sicarios y policías, y posteriormente asesinados como acto de venganza entre diversos líderes de dicho cártel.

Incredulidad ante datos oficiales

Si bien el actual alcalde de Allende, Reynaldo Tapia, dijo que la desaparición y masacre involucró a por lo menos 300 personas, recientemente la PGJE desmintió estos dichos y dijo que solo se trató de 28, de los cuales “se tiene certeza jurídica” de que 11 fueron asesinados y calcinados. Además, diversos medios de comunicación sacaron a la luz en días recientes que la policía local no sólo no auxilió a los habitantes de Allende, sino que participó de la sustracción y asesinato. De ahí que dos policías municipales hayan sido encarcelados y que la policía municipal del estado de Coahuila esté respondiendo ahora mismo a mandos directos del gobierno estatal.

Según organizaciones de derechos humanos, es imposible creer en los datos oficiales y las versiones del gobierno. Como plantea Aldo Santos, normalista del Distrito Federal en lucha por la aparición con vida de los 43 “no podemos creerle a esta gobierno. Así como los padres de los 43 no creen en las supuestas evidencias de la PGR. Si algo hemos aprendido durante este movimiento es que la policía, el narco y el gobierno son cómplices”.

Más barbarie perpetrada por policías y sicarios

Como un cerillo encendido en pólvora regada ha caído la noticia de la detención de los dos policías. Y es que México atraviesa por una profunda crisis estatal que el alto comisionado de la ONU, Amnistía Internacional y varias organizaciones de Derechos Humanoshan denominado como “crisis de derechos humanos”.

Mientras, el gobierno ha respondido al imponente ascenso social con represión y amenazas. De ahí que, como plantea el abogado de derechos humanos y referente del MTS Andrés Aullet, “se tiene la percepción profunda de que fue y es el Estado en el caso Ayotzinapa, y el orquestador de la represión. Varios puntos del decálogo de EPN profundizan la militarización, de la cual estamos soportando sus terribles consecuencias. Al mismo tiempo se intenta aprobar una ley que cercena la libertad de manifestación, es escandaloso”.

Los policías arrestados, enfrentarán cargos por secuestro calificado en la modalidad de ocasionar daño a un grupo con violencia. Al darse a conocer el escalofriante caso de las desapariciones y masacre de Allende, donde todavía hasta hace unos meses se encontraban expuestos los cadáveres de la masacre, la opinión pública se vuelve con rabia hacia las instituciones que han sido cómplices de la barbarie que azota al país.