MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El endurecimiento de la política hacia los migrantes tiene un trasfondo oscuro: el oro negro y el gas. Con el fin de impulsar las inversiones, Peña Nieto transformó el tránsito por México en una pesadilla para los migrantes, de la que es muy difícil despertar.

La puesta en marcha del Programa Frontera Sur, anunciado en julio pasado, significó que se impide a los migrantes abordar el tren conocido como “La Bestia”, operado por la empresa Ferrocarril del Sureste (Ferrosur), propiedad del consorcio Grupo México, responsable del derrame tóxico en el río Sonora.

Según autoridades mexicanas, este programa “bajó” del tren a más de 6.000 personas, pero no especificaron cuándo ni en qué lugares.

La organización Movimiento Migrante Mesoamericano, en voz de su representante Rubén Figueroa, afirmó con el lanzamiento de este programa se daba inicio “oficialmente a la cacería de migrantes”.

Diego Lorente, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, estado de Chiapas, sostuvo en declaraciones a La Jornada que luego de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, los migrantes corren un riesgo “absoluto”, por haberlos condenado a la invisibilidad. Pueden ser secuestrados o asesinados en la selva.

En septiembre de este año, en distintos medios se dio a conocer que la empresa Ferrosur estaba blindando las vías para impedir que los migrantes subieran al tren de carga y que tuvieran acceso al refugio para migrantes Alberde Decanal Guadalupano. ¿Por qué medio? Por la construcción de una megabarda en Tierra Blanca, estado de Veracruz.

Ese mismo mes, el día 18, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en colaboración con el ejército, realizaron un operativo en Chivela, una localidad del municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, para detener el tránsito de migrantes centroamericanos y deportarlos a sus países de origen.

El mismo ejército que ejecuta civiles –como los 22 jóvenes víctimas de ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México–, el mismo ejército que patrulla las calles de Guerrero para contener la indignación ante la ejecución de 3 normalistas, 3 transeúntes y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a quienes probablemente entregó a los sicarios del narco, es el que criminaliza a los migrantes centroamericanos.

Las nefastas consecuencias de la “guerra contra el narco”

La miseria en sus lugares de origen es tan profunda, que muchos deciden migrar hacia Estados Unidos a pesar de los grandes peligros del viaje por México. Están expuestos a los cárteles del narcotráfico, las redes de trata de personas y el tráfico de órganos.

Con la “guerra contra el narco” lanzada por el expresidente Felipe Calderón, según señala Guadalupe Correa-Cabrera, directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, se militarizaron las rutas de los recursos energéticos y los minerales. Son las rutas que transitan los migrantes hacia Estados Unidos.

En esa ruta tuvo lugar la primera masacre de San Fernando, acaecida en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas, cuando 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos fueron asesinados por no “pagar la cuota” del permiso para pasar a un cártel de narco y no unirse a sus filas. En abril de 2011, aparecieron al menos 193 cuerpos en la misma localidad: fue la segunda masacre de San Fernando.

Así, la “guerra contra el narco” fue la vía que institucionalizó la violencia tanto para los residentes de México como para quienes transitan por ese país. El costo: alrededor de 27.000 personas desaparecidas y 70.000 muertos sólo entre 2006 y 2012, el sexenio de Felipe Calderón, y para marzo de este año, en apenas 14 meses de gobierno, el mandato de Enrique Peña Nieto ya acumula más de 23.000 asesinatos.

Peña Nieto, gendarme de Obama

"México ha lanzado una estrategia muy, muy agresiva en su frontera sur, tanto por su propia seguridad como para evitar que jóvenes se vean involucrados en un viaje tan peligroso", comentó John Kerry, secretario de Estado estadounidense, en una reunión con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, en septiembre pasado.

Peña Nieto no hace más que seguir las órdenes de Obama: blindar las fronteras para contener la crisis humanitaria que surgió ante la enorme afluencia de niños y jóvenes no acompañados a Estados Unidos.

Sin embargo, su objetivo va más allá. De nuevo surge la colusión entre cárteles de narcotráfico y el estado mexicano. En el sur de México hay territorio liberado para que opere el narco: Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, afirmó a La Jornada “funcionarios mexicanos que pidieron anonimato han aceptado que el Estado permite operar a los grupos criminales, pues combatirlos implicaría ‘permitir el libre tránsito de indocumentados’”.

Petróleo en la ruta de los migrantes

La Cuenca de Burgos, una de las regiones productoras de gas más importante de México, está integrada por 12 municipios de Coahuila, 10 de Nuevo León y 12 de Tamaulipas. En diciembre de 2012 llegó a producir 1.400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que equivalía a la cuarta parte de la producción de todo el país. Asimismo, mediante análisis químicos y geológicos se determinó que en esta cuenca podría también hallarse crudo.

Desde inicios de 2000, a través de los Contratos de Servicios Múltiples, capitales privados pudieron explorar y explotar campos de gas natural en esta cuenca. Esto constituyó un antecedente de la reforma energética, votada este año en México.

A partir de esta reforma, se concederán los resultados de los análisis geológicos y geoquímicos mediante los cuales se localizaron seis cuencas que es posible que también tengan crudo y gas lutita, entre ellas la Cuenca de Sabinas, ubicada entre los estados de Coahuila y Nuevo León.

Las trasnacionales miran las Cuencas de Burgos y Sabina con codicia insaciable: podrán explotarla sin preocuparse por el impacto ambiental, y se llevarán el grueso de las ganancias.

Peña Nieto se esfuerza por alejar a los migrantes de las rutas de los recursos energéticos, hizo votar la reforma para que capitales privados, nacionales y extranjeros tengan la posibilidad de expoliar los recursos energéticos de México.

Pero ante la profunda crisis del régimen político, detonada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con responsabilidad directa e indirecta de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos con registro –PRI, PAN y PRD– ¿podrá hacer efectiva la entrega del petróleo y el gas a las trasnacionales?