MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo durante el sexenio de Felipe Calderón han sido asesinados 65 periodistas en ejercicio de su labor, que desarrollan en medio de amenazas, persecución y amedrentamiento.

En lo que va del año son 8 periodistas los asesinados, de los cuales 3 eran mujeres; Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario veracruzano Notiver, fue asesinada el pasado 26 de julio; a este hecho se suman los de Marcela Yarce Viveros fundadora de Contralínea, revista que desde hace varios años mantiene una importante investigación sobre el tema del narco, la migración y las narcofosas, los juvenicidios, el feminicidio y la militarización, todos ellos temas críticos para el gobierno y de Rocío González Trápaga periodista independiente, quienes fueron encontradas en el parque el Mirador, en Iztapalapa la madrugada del 1° de septiembre, desnudas, atadas de pies y manos, con un cordel alrededor del cuello y con huellas de golpes y tortura en diversas partes del cuerpo. La crueldad del asesinato muestra el carácter no sólo político, sino también misógino de su asesinato, que lo convierte en otro de los cientos de feminicidios en el país.

Los asesinatos de estas periodistas, se suman a los miles de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas, que se han perpetrado durante el mandato de Calderón, a causa de la “guerra" contra el narcotráfico y la militarización, que también ha profundizado la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la seguridad nacional, expresado en el Plan Mérida y la “cooperación” bilateral en materia militar. El presupuesto destinado a la militarización ha sido millonario, hoy caminan por las calles casi 500 mil efectivos. Las consecuencias son 50 mil asesinatos, 22 mil desapariciones forzadas, más 12 mil huérfanos y miles de desplazados. Además las fosas clandestinas, los asesinatos y secuestros de migrantes, juve nicidios y un alarmante incremento del feminicidio en todo el país son parte de esta dramática realidad.

La militarización lejos de generar mejores condiciones de seguridad para la población, busca atemorizar a los trabajadores y el pueblo, además de atentar contra las libertades democráticas y contener el descontento popular. A la par, el gobierno criminaliza la protesta social y son perseguidos y asesinados periodistas y luchadores sociales, como Malú García Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Cd. Juárez hoy fuera de esa ciudad y Marisela Escobedo y Susana Chávez luchadoras sociales contra el feminicidio asesinadas en chihuahua.

También a causa de la militarización el Feminicidio en México se ha profundizado y está marcado por la indolencia de las autoridades, en la mayoría de los casos pesa la impunidad. Este grave problema se cimienta sobre las bases estructurales de la violencia hacia la mujer y los rasgos más reaccionarios de la sociedad capitalista, donde prima la descomposición social y del régimen.

En este contexto se ha comprobado la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federal con narcotraficantes y proxenetas; mientras se persigue a periodistas, así lo ejemplifica el caso de Succar Kuri sentenciado a más de 100 años de prisión, encubierto por el ex gobernador de Puebla Mario Marín, quienes persiguieron y amedrentaron a la periodista Lidia Cacho por su investigación sobre la trata de niñ@s en que estaban implicados.

El amedrentamiento y asesinato de periodistas también es una de las consecuencias de esta “guerra al narco” y sus asesinatos quieren ser usados como ejemplo para disciplinar a la prensa crítica. Estamos ante una grave situación de ataque a las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información. Muestra de este ataque es también la censura a Carmen Aristegui y el acoso sufrido por San Juana Martínez, periodista de la Jornada.

A pesar de que el caso de Marcela y Rocío se turnó a la agencia especializada para la investigación del feminicidio, de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no tenemos ninguna confianza en estas instituciones. Es importante considerar que la Tipificación del Feminicidio no es garante de que estos crímenes cesen; por ejemplo en los últimos 5 años en el Estado de México se han cometido 922 asesinatos contra mujeres y con la reciente tipificación en la demarcación, dicho delito no ha frenado. Frente a ello, impulsemos la creación de una comisión investigadora verdaderamente independiente.

En México la justicia está al servicio de los capitalistas y deja impune los asesinatos de activistas sociales, de derechos humanos, periodistas y de luchadoras por los derechos de la mujer. En este contexto, el feminicidio es la última prioridad de un sistema judicial que además está plagado de prejuicios machistas en sus leyes y el desprecio de las autoridades hacia los crímenes contra las mujeres.

Desde Pan y Rosas repudiamos los asesinatos de periodistas y de mujeres y exigimos el juicio y castigo para los responsables. Llamamos a todas las organizaciones de periodistas, de mujeres, feministas, de derechos humanos, de izquierda; al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y a los sindicatos a movilizarnos conjuntamente por la libertad de prensa y la libertad de expresión; por el fin del feminicidio y por la desmilitarización inmediata del país.

¡Alto a la represión y asesinato de periodistas y activistas en el país!

¡En defensa de la libertad de prensa y expresión!

¡Alto a al feminicidio! ¡Ni una asesinada más!

¡Basta de violencia contra la mujer!

¡Repudiamos el asesinato de Marcela y Rocío!

¡Juicio y castigo a los asesinos!

¡Alto a la militarización! ¡Exigimos al gobierno que retire inmediatamente las tropas de todo el país!

¡Por una comisión independiente integrada con mujeres destacadas en la lucha contra el feminicidio y los derechos humanos y con familiares de las víctimas!

¡Apertura y reapertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres!