MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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El 70 aniversario de la expropiación petrolera fue de posiciones encontradas: por un lado, la ofensiva del gobierno para avanzar en la privatización del sector (apoyada indirectamente por el clan Cárdenas y “los chuchos”). Por el otro, la amplia oposición popular a este proyecto, que se manifestó con los multitudinarios mítines en el Zócalo del 18 y 25 de marzo convocados por López Obrador.

Los piratas del “tesoro”

La campaña del gobierno para justificar la privatización petrolera comenzó a empañarse con el escándalo de corrupción del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por realizar éste negocios de su familia con PEMEX siendo funcionario. Esto evidenció los oscuros intereses detrás de los intentos de privatización.

Entre los promotores de la reforma está el priísta Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado, involucrado en el Pemexgate por recibir recursos de la paraestatal para su campaña presidencial en el 2000. Impunidad, negocios y cotos de poder sustentan la alianza entre el PRI y el PAN, que le había permitido a Calderón avanzar con sus planes. Sin embargo, ya los coordinadores priístas del Congreso manifestaron sus reservas con el proyecto de Calderón, en un intento oportunista por desmarcarse del gobierno por los costos electorales o, como mínimo, para vender más cara su lealtad, mientras que otro sector del PRI se opuso abiertamente.

La aprobación de la reforma energética, implicaría un avance cualitativo de la entrega encubierta que, en las últimas décadas, ha padecido PEMEX en beneficio de las petroleras imperialistas y de sus “comisionistas”, los empresarios y políticos locales, que buscan asegurar sus ganancias ante la crisis en ciernes. Ya la mitad del petróleo refinado que produce PEMEX se debe a su asociación con la petrolera norteamericana Shell, con la que comparte dividendos. Según un informe de la Secretaria de Energía, el “tesoro” petrolero en aguas profundas del Golfo de México alcanza un valor de hasta un billón 500 mil millones de dólares. El monto de los jugosos contratos de las empresas privadas en México llegaría hasta los 500 mil millones de dólares.

Considerando el inicio de la recesión, la inestabilidad en Medio Oriente y los roces con Venezuela, para el imperialismo norteamericano se trata de un asunto de “seguridad nacional”. Un documento de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, señala que si países como México permitieran un mayor acceso al capital privado en la industria petrolera, “resurgirían como proveedores de petróleo seguro” para EE.UU. (Proceso #1638).

Para México, el avance de la privatización de PEMEX significaría la pérdida de una conquista histórica de los trabajadores, un atraco a la nación y un retroceso en su acotada soberanía, sometiéndola más a los dictados del imperialismo. Lo que nos espera puede verse en países donde avanzó la privatización, como Argentina, cuyos recursos petroleros fueron saqueados por la española Repsol, resultando en una crisis energética que afecta sobre todo a los más pobres.

La reestructuración antiobrera de Pemex

Quienes más han padecido la privatización encubierta de Pemex son sus propios trabajadores. La “reestructuración” que con reforma o sin reforma ya está en marcha, contempla el despido de 32,000 empleados no sindicalizados para concesionar sus labores a compañías privadas; que los trabajadores de planta pasen a ser de confianza; reducción de plazas del sindicato; modificar el régimen de jubilaciones y pensiones; cancelar las vacantes y el pago por tiempo extra, entre otras cosas.

“Reestructuración” que ha mostrado también, trágicamente, en el incremento de las muertes obreras, por las deplorables condiciones de trabajo que imponen las empresas contratistas, como mostró el “accidente” en la Sonda de Campeche donde murieron 18 trabajadores.

Por un paro nacional contra la privatización

El rechazo popular a la privatización es un factor de inestabilidad y el principal obstáculo del gobierno, como mostraron los masivos mítines en el Zócalo del 18 y 25 de marzo convocados por AMLO. Es urgente profundizar la más amplia movilización contra el plan del gobierno o contra cualquier “consenso” entre los partidos patronales que busque avanzar en la privatización.

En este sentido, el plan de acción convocado por la CND tiene aspectos progresivos al llamar a movilizarse. Sin embargo, más allá de que sus denuncias son correctas, la estrategia de López Obrador, al utilizar la “resistencia civil y pacífica” para presionar a las instituciones y no impulsar una lucha frontal contra el régimen de la alternancia, le pone enormes límites a la movilización para enfrentar la maniobra que intenta Calderón de una eventual reforma “consensuada” en el Congreso y revertir lo que ya se ha privatizado. Para derrotar la ofensiva entreguista, hay que impulsar una lucha sin cuartel contra los responsables de los planes privatizadores y la subordinación del país al imperialismo: es decir, las instituciones como el Congreso de la Unión, que están al servicio de los capitalistas y las trasnacionales Eso sí sería “mandar al diablo las instituciones”.

Es fundamental que los trabajadores nos hagamos parte de esta lucha. Pero hasta ahora, las organizaciones del movimiento obrero, como el SME y la UNT, no están llamando a medidas contundentes como la huelga nacional. Además, aceptan la política de AMLO y la dirección de la CND, quienes han dicho que sólo “reconocerán” como parte del movimiento a quienes se subordinen a su dirección. Pero las organizaciones obreras no deben subordinarse a estas direcciones del Congreso de la Unión. En vez de ello, con los métodos propios de la clase obrera, como la huelga general, deben paralizar el país y encabezar la lucha de las decenas de miles que se movilizan, hasta derrotar el intento privatizador.

Son en particular los trabajadores petroleros (ausentes en el discurso de López Obrador), quienes podrían con su acción y la huelga paralizar la producción, defender sus conquistas, quebrar el plan privatizador y echar atrás los acuerdos comerciales con las trasnacionales petroleras. Pero sobre ellos pesa la burocracia sindical petrolera, cómplice de Calderón, por lo que es necesario convocar a los sectores disidentes del sindicato y a toda la base petrolera, a discutir cómo llevar adelante la difícil tarea de conquistar la democracia sindical para enfrentar al gobierno.

Para los socialistas revolucionarios, la lucha contra la privatización de PEMEX debe estar planteada en la perspectiva de romper todos los pactos que atan al país al imperialismo, como el TLC y la deuda externa, cómo la única forma de conquistar una auténtica soberanía nacional.

Por una alternativa obrera para la industria petrolera

Los sectores “nacionalistas” de la burguesía y el régimen plantean, a lo sumo, que a PEMEX se le reduzca la carga fiscal para que cuente con más recursos, pero no buscan revertir el avance de la privatización que ya se ha dado en la paraestatal. Incluso abogan porque empresas privadas sigan prestando servicios y que se siga pagando la deuda con el capital financiero que se contrató mediante Pidiregas.
Como hace 70 años, los trabajadores petroleros y sus hermanos de clase tienen hoy una responsabilidad histórica. Ellos pueden defender sus conquistas laborales, rescatar a PEMEX y ponerla verdaderamente al servicio del pueblo, lo que hoy pasa por enfrentar la privatización, que se re estaticen todos los sectores que han sido privatizados y se rompan los acuerdos con las trasnacionales imperialistas. Contra la “reestructuración” antiobrera de PEMEX es necesario enfrentar a los charros que la avalan, imponer la democracia sindical y el control obrero de la paraestatal, mediante una junta directiva integrada por los trabajadores petroleros, coordinados con las organizaciones obreras y populares.

Así podrían preservarse las conquistas laborales y producirse combustible barato para los sectores populares; definir un plan de inversiones para modernizar PEMEX con los recursos provenientes de desconocer la ilegítima deuda externa y de la paraestatal; así como utilizar la renta petrolera en las obras públicas que el pueblo requiere. La clase obrera y el pueblo de México tienen hoy un importante aliado en los trabajadores y pueblos latinoamericanos, para enfrentar unidos la opresión imperialista, en defensa de su soberanía y sus recursos naturales.