MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Miércoles 10 de septiembre de 2014 | Edición del día

Bárbara Funes
México D.F

Funcionarios de la Casa Blanca anunciaron el pasado 6/9 que el presidente estadounidense aplazará hasta después de las elecciones intermedias de noviembre la definición de acciones a favor de los migrantes indocumentados. El gobierno demócrata, ya en crisis, se arriesga a perder a su electorado latino, al que había seducido con la promesa de regularizar la situación de los migrantes indocumentados.

Lo que está en debate entre los partidos republicano y demócrata es una nueva reforma migratoria. En síntesis, ambos partidos acuerdan dar a la patrulla fronteriza vía libre para endurecer la represión contra los inmigrantes con el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Esto se traduce en armonizar la militarización en México con la militarización de EE.UU. De aprobarse esta reforma, todos los inmigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 deberán registrarse con el gobierno, pasar una revisión de antecedentes, pagar una multa de 500 dólares e impuestos retroactivos desde su ingreso al país, aprender inglés e historia de EE.UU., y en 8 años podrían solicitar la residencia permanente.

Trabajadores migrantes

Según María Luisa González Marín “El envío de remesas y el pago de impuestos de migrantes de origen latinoamericano en Estados Unidos representan beneficios por más de 11 mil millones de dólares anuales para la economía de ese país, equivalentes a más de uno por ciento de su producto interno bruto (PIB)” (La Jornada, 7/9). Son los migrantes, “legales e ilegales”, quienes laboran en los trabajos peor pagos en el vecino del norte.

Ellos constituyen buena parte de la mano de obra de los restaurantes de comida rápida, que desde hace dos años a esta parte, están intentando organizarse y realizan manifestaciones y paros por aumento del salario mínimo, hoy en 7 dólares la hora a 15, en distintas ciudades estadounidenses, como sucedió el pasado 4 de septiembre en unas 150 ciudades.

Peña Nieto, el gendarme de Obama

Pero aun sin reforma aprobada, lo cierto es que las fronteras sur y norte de México están militarizadas y se realizan redadas contra los migrantes, con particular saña contra los de origen centroamericano. Desde Estados Unidos otorgaron 10 millones de dólares para reforzar la Iniciativa Mérida. Esto busca profundizar la militarización del país con la burda excusa de la “guerra contra el narco”, cuando se trata en realidad de ahogar todo tipo de protesta frente a la entrega al imperialismo y la miseria del pueblo.

Recientemente se ha puesto en marcha el Programa Integral Frontera Sur, en el que se establecen como “refugios” albergues del DIF y estaciones migratorias que fungen como verdaderas cárceles para adultos y niños migrantes. A esto se suman violentos operativos para impedir que los migrantes aborden el ferrocarril conocido como “La Bestia”, que sólo consiguen que los viajes de los migrantes por territorio mexicano se vuelvan aun más peligrosos.

Migrantes a merced de militares y narcos

Trabajadores, jóvenes e incluso niños centroamericanos huyen de sus países de origen por el hambre y la violencia que allí impera. Muchos niños y jóvenes emprenden una aventura incierta hacia un futuro mejor.

Pero en el camino, todos están expuestos a violaciones, a las redes de trata y de narcotráfico, que los obligan en trabajar en condiciones de esclavitud y bajo amenazas de muerte en los rubros de la “economía ilegal” del capitalismo decadente.

Están expuestos también a las extorsiones de los agentes migratorios y de las fuerzas represivas mexicanas, que los encarcelan y los torturan, como le sucedió al joven hondureño Amílcar Colón, encarcelado desde 2009, cuando intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos por Tijuana.

Hoy los migrantes centroamericanos son tan maltratados en México como sus paisanos en Estados Unidos. Se trata de una política sistemática impulsada por EE.UU. y llevada a cabo por los gobiernos mexicano y centroamericanos que termina recayendo sobre los trabajadores y los sectores empobrecidos de estos países.

Los planes, que con la excusa de la lucha contra el narco, ha firmado EE.UU. con los gobiernos de la región se han convertido en un flagelo para los migrantes. Parece imposible que sin desbaratar estos acuerdos y también las reformas estructurales que engloba, se pueda frenar la militarización y avanzar con el establecimiento del libre tránsito de personas desde Centroamérica a Estados Unidos y por plenos derechos sociales, sindicales y políticos a los migrantes.