MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Después de la resolución de la Suprema Corte y de que todas las previsiones vaticinan una segura lluvia de amparos que buscarían repetir dicho dictamen, el gobierno presentó una propuesta buscando ocupar el centro de la escena en esta discusión que ha trascendido las fronteras.

La estrategia política de Peña Nieto

La misma consiste en desplazar el foco de atención a un debate, organizado por el mismo gobierno, en el que participaría el Congreso junto a distintos “especialistas”, el cual seguramente se llevará parte del 2016. Este debate dijo EPN, está explícitamente planteado en torno a la marihuana, “sin que suponga de ninguna manera la liberalización para otras sustancias más dañinas”. Se tratará sin dudas de un debate amañado y preparado, donde no se expresará el reclamo democrático contra la política prohibicionista. Luego de ello vendrá cualquier cambio hipotético en la regulación, el cual dependerá de las conclusiones de un debate -como decimos- controlado por la presidencia.

Cuando sectores del régimen político empezaban a proponer una consulta (sin aclarar si se trataba de una “consulta” genérica o del mecanismo electoral), y el PRD se inclinaba públicamente por una legalización limitada, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a tomar la iniciativa y apareció bajo los reflectores de la prensa nacional e internacional.

Pretende concentrar en sus manos la discusión y decisión, evitando que el tema y su resolución quede librado a la Suprema Corte (más allá de que la misma puede resolver sobre los amparos) o a las iniciativas propuestas por los partidos de oposición en el Congreso. Su propuesta no promete demasiado, sólo que el tema pasara a “debate”, donde puede alargarse y desgastarse durante meses.

Mientras tanto la maquinaria gubernamental podrá ponerse en acción: presentar las cifras sobre la supuesta oposición de una mayoría de la población a la legalización, argumentar ampliamente en torno a los daños a la salud, hacer gala de una “vocación democrática” en pos de un debate “ordenado”. Y preparar el terreno para alguna solución mediada que apacigüe el reclamo democrático, deje contentos particularmente a los sectores medios que son quienes más promoverán los reclamos judiciales y -lo que es fundamental- que no implique ningún cuestionamiento sustancial a la política antidrogas mandatada por Estados Unidos.

En todo caso, cualquier redefinición que haya respecto a la cuestión de la prohibición y la legalización, será acordada con Washington y acatando las disposiciones de la Casa Blanca, a la cual México se encuentra plenamente subordinado, no solo en el terreno económico, sino también en la cuestión de la seguridad y la “guerra contra el narcotráfico”. Y, a la vez, si hay algún tipo de reforma en ese plano, será presentada como resultado de la política gubernamental.

La propuesta de Peña Nieto pretende controlar y mantener en los cauces de la política oficial, los efectos que tuvo la resolución de la SCJN en amplios sectores de la población.

La lucha por la legalización

Si algo puede costarle a Peña Nieto esto es que durante meses la cuestión de la legalización -un tema tabú en el México contemporáneo- estará instalada en primera plana. Será un elemento de discusión no solo entre los “especialistas” y académicos, sino entre amplios sectores que cuestionan el avasallamiento a las libertades democráticas que constituye el actual prohibicionismo y que niega la libertad de cada quien de decidir sobre su cuerpo.

Como hemos planteado aquí, “el prohibicionismo y la militarización de la lucha contra el narcotráfico es dictada por la política oficial antidrogas de Washington, e implica una integración de hecho en el terreno militar y de inteligencia -desde la Iniciativa Mérida hasta la actividad de las agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional.” A su vez, la expansión de los señores del narco es resultado directo de esta política, bajo la cual las mercancías ilegales producen las ganancias extraordinarias de los cárteles.

Es evidente que lograr la legalización -no sólo de la marihuana, sino de todas las drogas- implica enfrentar la política del estado mexicano y su subordinación a los Estados Unidos, así como los intereses de los cárteles, asociados y coludidos con distintos sectores del estado.

Eso no vendrá de la mano ni de las resoluciones de la Suprema Corte (orientadas a demandantes particulares), ni de la presión sobre las instituciones en el anunciado debate. Como decimos antes, el gobierno de EPN es claramente contrario a la plena legalización y buscará evitar esa demanda. Lograrlo implicará enfrentar la política prohibicionista que viene dictada directamente desde Washington. Por otra parte, los políticos de los partidos de oposición, desde el PAN hasta el PRD y Morena, tampoco son partidarios de la legalización de todas las drogas, y a lo sumo se limitan -en algunos casos- a plantear una legalización limitada, y la mayoría de ellos a decir que hay que “estudiar el tema”.

Por todo eso, es fundamental desarrollar la movilización en las calles, el único camino para echar abajo la política impuesta por Estados Unidos. En la misma deben participar los sindicatos, las organizaciones populares, juveniles y políticas: imponer estas demandas será una gran conquista en la lucha contra el ataque a las libertades democráticas de las grandes mayorías obreras y populares, por parte del estado, el régimen político y los partidos del Congreso. Y debe ser una lucha claramente independiente de las instituciones y partidos al servicio de la clase dominante.

Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, planteamos esta lucha como parte de levantar una perspectiva que enfrente y desconozca todos los tratados y acuerdos que nos atan a los EE.UU. en materia de “lucha antidrogas” y contra el conjunto de la dominación imperialista. Y que busque expropiar a los cárteles y todas las empresas “legales” comprometidas con estos, y que se oriente a luchar contra el régimen de la “alternancia” responsable de la entrega al imperialismo y de la militarización.