MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Por: Arturo Méndez.

El 24 de agosto de 2010, elementos de la Marina hallaron los cuerpos sin vida de 72 migrantes en un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil y la India, en su tránsito hacia Texas habían sido secuestrados y asesinados dos días antes por sicarios del cártel de Los Zetas. Dos más sobrevivieron y lograron escapar, cuyos testimonios refieren que el grupo migrante fue balaceado luego de rechazar la invitación de sus captores a integrarse a la organización delictiva.

En el contexto de la "guerra contra el narco" iniciada por el presidente Felipe Calderón y la disputa por las "plazas" del noreste del país entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, durante los siguientes meses en el estado de Tamaulipas se produjeron cientos de secuestros y asesinatos,incluyendo gran cantidad de civiles.

En abril de 2011, el Ejército localiza en San Fernando decenas de fosas comunes -las llamadas narcofosas- de las que se desentierran 196 cadáveres, en su mayoría de migrantes asesinados a golpes. Nuevamente Los Zetas son señalados como responsables. La cantidad de cuerpos es tal que desborda la capacidad del servicio médico forense de la ciudad de Matamoros, por lo que 105 cuerpos son enviados a la Ciudad de México.

Acusados de proteger a los perpetradores de las matanzas, algunos policías municipales de San Fernando fueron detenidos, además de varios integrantes de Los Zetas, reservando la Procuraduría General de la República (PGR) los archivos del caso como material clasificado.

Desclasificación obligatoria

En respuesta a una solicitud de acceso a la información formulada por Jesse Franzblaude la organización progresista norteamericana Nacional Security Archive, con sede en Washington, en un primer momento la Procuraduría General de la República (PGR) se rehusó a liberar documentos argumentando que la ley permite retenerlos por formar parte de una investigación en curso.

Sin embargo, en la legislación mexicana también está previsto que las solicitudes tendrán que ser atendidas cuando la información esté relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, por lo que tras presentarse una inconformidad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), este ordenó a la Procuraduría hacer públicos los archivos.

Policía municipal al servicio de Los Zetas

El miércoles 10 la PGR entregó una tarjeta informativacon el encabezado: "Policías relacionados con el hallazgo de Cadáveres en la fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas", en donde se asienta que miembros de Los Zetas interrogados refieren la "participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo (vigilantes/informantes), intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal "Los Zetas", citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal".

En el mismo documento, unos de los policías municipales detenidos "refiere en declaración que sabe de la participación de elementos de la dirección de seguridad pública y tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas (...) que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la cárcel municipal, se los entregan a los zetas, el mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar".

En San Fernando también fue el Estado

A casi tres meses de la masacre de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, es imposible dejar de ver la relación entre este caso y los de San Fernando, pero también -por ejemplo- con el de la localidad de Allende, en Coahuila.En los tres casos se ha documentado la colusión de las policías municipales con bandas del narcotráfico y su participación en la desaparición y asesinato de personas, o al menos en su detención y entrega a los grupos criminales.

Como si la asociación entre los cárteles del narco y las autoridades se limitara a los municipios y no alcanzara también a los niveles estatal y federal, Peña Nieto anunció el pasado 27 de noviembre un plan de seguridad con un discurso que busca reducir el problema a la debilidad institucional en los municipios, buscando por un lado ocultar la descomposición generalizada del Estado y su responsabilidad en las masacres y desapariciones forzadas, y por otro implementar el mando policial único, reforzando así el aparato represivo estatal como vía para contener las movilizaciones que durante los últimos tres meses han recorrido el país exigiendo la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y la caída de su gobierno.

Detrás está el imperialismo

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estado Unidos, el desigual flujo de mercancías y capitales entre ambos países -con claras desventajas para el primero- ha venido acompañado de la proliferación y empoderamiento de los cárteles de la droga en México, que además han avanzado, por ejemplo, en el control del tráfico de personas y de las redes de trata, todo bajo la política prohibicionista en materia de estupefacientes dictada por el vecino del norte. Una de las consecuencias de esto ha sido la profunda compenetración -verdadera asociación- entre los grupos del narco y el Estado en todos los niveles de gobierno.

Preocupado por mantener a los cárteles del otro lado de la frontera mientras se beneficia de su actividad a través del lavado de dinero, el imperialismo norteamericano aprobó una partida millonaria para implementar la Iniciativa Mérida, suscrita por el gobierno de Felipe Calderón en 2008 para financiar su "guerra contra el narco", que dejó durante el sexenio pasado cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en todo el territorio nacional y que ha tenido -con cifras en aumento- continuidad bajo el gobierno de Peña Nieto.

Junto a ello, se viene preparando un acuerdo de seguridad entre los gobiernos de Alemania y México que tiene contemplado, entre otras medidas, el adiestramiento alemán de las policías mexicanas, eso sí, con la condición de que se respeten los derechos humanos.

Cruzar el infierno...

Mientras tanto, los trabajadores migrantes que huyen de la violencia y la miseria en sus países de origen, siguen padeciendo las consecuencias de su penoso tránsito por territorio mexicano hacia el "sueño americano", enfrentando la criminalización de su condición por parte de las autoridades, la persecución y represión del Instituto Nacional de Migración y la pesadilla de las maras y las bandas del narco, sujetos a secuestros, desapariciones, asesinatos, violaciones, trata y toda clase de vejaciones.

Del otro lado, el gobierno estadounidense continúa implementando políticas de criminalización de los migrantes. Recientemente se inauguró el mayor centro de detención para migrantes en Estados Unidos en Dilley, Texas, con capacidad para 2.400 personas. Estos centros de detención han sido comparados con cárceles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que en aquel país se están retomando viejas prácticas de mantener detenidos a niños y familias de migrantes indocumentados.