MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Luego del desconocimiento que hicieran Javier Sicilia y sus colaboradores del documento aprobado en Juárez, la campaña del poeta contra la violencia generada por la “guerra contra el narco”, se transformó en una estrategia de diálogo con el gobierno y los políticos del régimen. El objetivo central de esta orientación, se convirtió en la exigencia de que se apruebe la reforma política, como parte de un llamado a democratizar las instituciones y a impulsar la “participación ciudadana” a través de mecanismos como la consulta popular, la revocación del mandato, las candidaturas ciudadanas y la reelección de los legisladores. En las últimas semanas, Sicilia sostuvo reuniones con los diputados y senadores para promover la reforma, dejando de lado el problema de la militarización y sus dolorosas consecuencias para la población.

Esta política de sentarse a dialogar con Calderón y los partidos del Congreso, les permite a éstos -que son los responsables de la militarización y el asesinato de miles de ciudadanos que han caído víctimas del autoritarismo gubernamental-, aparecer como dispuestos a dar una solución al problema de la violencia. Al renunciar a exigir la desmilitarización inmediata, en un contexto de represión y violación sistemática a los derechos humanos y las garantías individuales, la Mesa de Diálogo sólo ha servido para desarticular el potencial que tiene el movimiento democrático para enfrentar en las calles de forma independiente las medidas represivas del Estado (que hoy buscan reforzar con la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional).

¿Por una “Comisión de la Verdad” independiente o pactada con el régimen?

Además de la exigencia de la reforma política, el poeta propuso crear una Comisión de la Verdad para esclarecer las desapariciones y asesinatos por la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”, considerándola una instancia que permitiría hacer justicia a las víctimas y sus familiares. El problema es que una Comisión de la Verdad, al estar planteada como una instancia pactada con el régimen y no independiente, sólo puede ser funcional al gobierno; como la extinta Fiscalía para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que no tuvo como objetivo central el castigo a los responsables de las torturas, muertes y desapariciones, ni sacó a la luz las complicidades y responsabilidades gubernamentales en la “guerra sucia”.
Hay que recordar que, un par de semanas después de que se aprobara en Guerrero una “Comisión de la Verdad”, pactada con el gobierno, fue asesinada Isabel Ayala, la ex esposa del guerrillero Lucio Cabañas, quien fuera detenida y torturada en el Campo Militar No. 1 siendo joven y que podría haber aportado información que pusiera en aprietos a mandos militares y políticos participantes de la guerra sucia de los 60´s y 70´s en México. La creación de “Comisiones de la Verdad” a modo, como la de Guerrero, han servido únicamente para lavar la imagen de los gobernantes participes y cómplices de la represión y las violaciones a los Derechos Humanos.
La única forma de avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones, secuestros y asesinatos derivados de la “guerra contra el narco”, es impulsar una comisión autónoma, integrada por los familiares de las víctimas, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, que sea independiente del gobierno y los partidos del Congreso.
Las reformas exigidas de nada servirán (como no lo ha hecho la reciente limitación al fuero militar), mientras el ejército continúe en las calles y no se frene la militarización -aconsejada al gobierno por Estados Unidos para defender sus intereses en México-. De aprobarse la reforma política, sólo legitimaría la ofensiva contra los trabajadores, dando oxígeno al gobierno y a los partidos políticos. En un contexto donde el PRI aparece como el favorito rumbo a las elecciones de 2012, sería el más beneficiado de esta reforma antidemocrática.
La política de Sicilia, Álvarez Icaza y demás dirigentes del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, al llevar al terreno institucional el movimiento democrático contra la militarización, lo exponen a la cooptación o trampas del gobierno (como las que recientemente denunció Sicilia ante la aprobación del dictamen sobre la Ley de Seguridad por los diputados con los que se había reunido antes). Es que la reforma política, en última instancia, servirá para maquillar este régimen antidemocrático y represivo, como ya lo hicieron otras reformas del pasado. Por ello, consideramos necesario que el movimiento retome los ejes centrales que motivaron a muchos a unirse a la Caravana a Ciudad Juárez en mayo pasado, como el de la lucha por la desmilitarización inmediata del país.

Movilización contra la militarización, la única salida

Las exigencias de reformar al régimen no pueden satisfacer las demandas del pueblo trabajador ni de los familiares de las víctimas de la militarización. Hay que recordar que la “transición a la democracia” del año 2000, acordada y realizada “por arriba” entre los partidos del régimen, no impidió la descomposición social en la que nos encontramos (al contrario, la posibilitó) y sí permitió la profundización de los rasgos represivos y militaristas del régimen.
Si en su momento la alternancia desvió y contuvo el descontento acumulado contra los gobiernos priístas y fortaleció a las instituciones para aplicar los planes anti-obreros; ahora, tras 10 años de gobiernos panistas, los grupos del poder pretenden repetir esta política con el proceso electoral en marcha, con el objetivo de maquillar de nuevo a las cuestionadas instituciones.

Contra la antidemocrática reforma política que se discute en el Congreso de la Unión, es necesaria una lucha consecuente para retirar al ejército de las calles y frenar la política represiva del gobierno calderonista, que busca profundizar sus planes anti obreros y antipopulares, como la reaccionaria reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Solamente la organización independiente del pueblo y los trabajadores, mediante comités en centros de trabajo, barrios, escuelas y poblados, puede terminar con la militarización del país y su secuela de encarcelamientos, torturas, desapariciones y muertes de la población inocente; como el caso del joven Jethro, desaparecido, torturado y asesinado en Morelos por elementos de la Marina encubiertos por sus mandos y las instituciones encargadas de administrar justicia; o el caso de las desapariciones de migrantes por la complicidad de los agentes del Instituto Nacional de Migración con los grupos del narco; o como el asesinato de Marisela Escobedo en Chihuahua.

La movilización y organización independiente de los trabajadores y el pueblo, deben ser la base para la conformación de un movimiento nacional contra la militarización del país. Un Encuentro Nacional de organizaciones en lucha contra la militarización, permitiría unificar las demandas de los distintos sectores afectados por la represión y la militarización, aprobando e impulsando un plan de lucha unificado y un programa que contemple la legalización de las drogas y el fin de los negocios de la banca cómplice de lavado de dinero, como única forma de acabar con el poder económico de los cárteles de la droga, así como el llamado a la organización de los trabajadores, comunidades y el pueblo para su autodefensa, única forma de garantizar la vida e integridad frente a los ataques de los grupos paramilitares, del narco y de los cuerpos represivos.