MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Esta reforma pretenden imponerla después de importantes derrotas parciales a la clase obrera y sus organizaciones, como la que sufrió el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Además, es una respuesta del régimen ante el descontento y las protestas del movimiento democrático contra la militarización y la violencia, cuya movilización intentan
desactivar y dirigir sus demandas al marco institucional.
Como también lo es el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, que los legisladores recientemente aprobaron en lo general, para dar “cobertura legal” a la militarización y al accionar de las fuerzas armadas, es decir, a los atropellos y la represión de los militares contra la población civil, los movimientos y los luchadores sociales.
El proyecto de reforma política fue aprobado por el Senado y enviado a San Lázaro desde el pasado 28 de abril para su discusión. Esta iniciativa contempla la reelección de legisladores, la consulta popular, las candidaturas independientes, la capacidad del Ejecutivo para vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación -parcial o totalmente-, cuya aprobación hoy corresponde a la Cámara de Diputados, así como las “iniciativas preferentes”. Éstas son propuestas enviadas por el presidente que, de no ser votadas por el Congreso en un período máximo de 30 días, se harían efectivas tal como fueron presentadas por el gobierno federal. Y es que, ante el descontento de importantes sectores de la población, Felipe Calderón busca, en primera instancia, reforzar a las instituciones del régimen surgido en el año 2000, que hoy se encuentran muy cuestionadas por importantes sectores de masas. Al mismo tiempo, el gobierno pretende darle un mayor peso y protagonismo político a las fuerzas armadas, con el fin de mantener la gobernabilidad y la estabilidad amenazadas por la polarización y la descomposición social que hay en todo el país.
Mantener la estabilidad que requieren los negocios de la burguesía y el imperialismo, es el principal propósito de esta propuesta de reorganización del sistema político.
Con la falsa promesa de cambios “democráticos” en las instituciones electorales y políticas -junto a la continuidad de una política de militarización y represión-, se busca reforzar el control del Estado en el escenario nacional para poder continuar con la explotación y el ataque los derechos de los trabajadores y las masas pauperizadas.
Esta reforma -que ni siquiera incorpora figuras legales y “cosméticas” como la revocación o el refrendo del mandato-, lejos de ser un cambio democrático, pretende imponer la reelección, en primera instancia de legisladores, cuyo carácter reaccionario impulsó a los revolucionarios anti-porfiristas en 1910 a levantar la bandera de “sufragio efectivo, no
reelección”. Es la misma reelección indefinida en que también se basa la burocracia sindical para mantener controladas permanentemente a las organizaciones de los trabajadores.
Igual carácter antidemocrático expresan las figuras de veto presidencial o las “iniciativas preferentes” que chocan con la separación de poderes, al subordinar a los demás poderes al Ejecutivo.
Incluso, el grupo priísta encabezado por Enrique Peña Nieto pretende modificar la “cláusula de gobernabilidad”, lo que permitiría al partido que obtenga dos tercios de la votación nacional, acceder a la mayoría absoluta del Congreso para aprobar sin obstáculos sus propuestas. Esto implicaría una mayor concentración del poder en un partido, dándole la fuerza necesaria para atacar con más facilidad las conquistas de los trabajadores y criminalizar el descontento obrero y popular.

Una discusión ajena a la clase trabajadora

Los partidos y el gobierno tratan de ponerse de acuerdo sobre la reaccionaria
reelección de legisladores y figuras como el referéndum, así como la posibilidad de un régimen semi-presidencialista (más acotado) o de uno semi-parlamentario donde la figura de jefe de gabinete pueda desactivar cualquier crisis de gobierno que provoque inestabilidad.
A este objetivo también está subordinada la idea de candidaturas “independientes”, figura
“democrática” que fomenta la ilusión de que cualquier ciudadano podría ser elegido para ejerce altas funciones de gobierno. Esta discusión “en las alturas” entre los partidos del régimen, se da a espaldas de la población trabajadora y sin su participación, quedando así
excluidas las grandes mayorías de las decisiones que hacen a la vida nacional.
Como vemos, todos los partidos, con el discurso de “perfeccionar la democracia”, pretenden fortalecer un régimen que cuente con mecanismos para desactivar eventuales
crisis de gobierno y evitar que coincidan con el descontento obrero y popular.

Una medida preventiva al servicio del imperialismo +

Este nuevo ordenamiento jurídico y político, estará al servicio de las exigencias de los Estados Unidos, que están preocupados por la ingobernabilidad al sur de su frontera y
que ya la han convertido en un tema de seguridad nacional (como mostró la declaración de que los “zetas” son un grupo terrorista que amenaza al territorio estadounidense).
La “transición pactada” del año 2000 entre los partidos políticos del régimen, fue una salida institucional propuesta por Washington para superar la situación pre revolucionaria
que, en su “patio trasero” enfrentaba el priato, en su crisis terminal. Esta salida, que posibilitó combinar reformas parciales al régimen, junto con medidas autoritarias,
estabilizó la situación y fortaleció los mecanismos de control político.
Hoy, el objetivo central de la reforma política de Calderón, es fortalecer a las instituciones para poder profundizar las relaciones de subordinación y entrega al imperialismo
norteamericano. Pero también está puesta al servicio de la política estratégica de los Estados Unidos y su recomposición hegemónica en América Latina. México es clave
en este objetivo, para lograr un polo de estabilidad regional favorable al imperialismo, desde el Canal de Panamá hasta el Río Bravo, al mismo tiempo que intenta revertir la
influencia del bloque de países con gobiernos burgueses pos-neoliberales, como los gobiernos de Chávez y Evo Morales, y presionar más a Cuba en su dinámica hacia la restauración capitalista.

La democracia de los de abajo
Ninguna reforma al régimen antidemocrático mexicano representa las aspiraciones de los trabajadores. Ya lo demostró la “transición pactada” en el 2000, en la que muchos
confiaron y a la que grupos de la izquierda (como el Partido Obrero Socialista) saludaron como el fin de la “dictadura” priísta, pensando que se venía el advenimiento de la
democracia, como primer paso para luchar por el socialismo. Pero ni este régimen, ni cualquier otro existente en el marco capitalista, puede realmente satisfacer las
demandas democráticas de las masas trabajadoras. No es de la mano de los partidos patronales como la clase trabajadora podrá acceder a la democracia, sobre todo, en las
democracias semi-coloniales cada vez más degradadas y al servicio del imperialismo.
Sólo la clase obrera, en lucha por un programa radical, retomando las demandas democráticas más elementales de la población oprimida y explotada, de la juventud y las clases medias golpeadas por este gobierno, y con independencia de los partidos patronales, puede enfrentar a las reaccionarias instituciones y sus reformas, que apuntan a redoblar el autoritarismo, la miseria y la explotación.
Al tiempo que impulsamos esta perspectiva -y llamamos a la más amplia movilización en las calles para lograrla-, los marxistas revolucionarios planteamos que la única forma para acabar con la antidemocracia y la represión con las que la burguesía garantiza sus negocios,
es luchando porque los trabajadores, acaudillando al conjunto de la nación oprimida y explotada, conquisten el poder mediante su acción revolucionaria, para establecer un
régimen político transitorio basado en la democracia de los trabajadores y el pueblo a través de sus propios organismos de auto-organización, que pueda enfrentar a la reacción
y tomar medidas progresivas contra la explotación, la opresión y la miseria.
Una democracia de las asambleas o los consejos, que será un millón de veces más libre y representativa que cualquier “democracia” burguesa, que sólo encubre la dictadura del capital.
Los socialistas de la LTS planteamos esta lucha en la perspectiva de construir una sociedad distinta, es decir, una sociedad sin explotados ni explotadores a escala internacional.