MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 6 de septiembre su informe sobre la desaparición forzada de los normalistas. Según las pruebas presentadas en sus peritajes los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula, sin embargo el Gobierno Federal se sigue aferrando a esa versión a pesar de que claramente no es verdad, pues como lo demostró el Grupo Interdisciplinario para eso se necesitaría una gran cantidad de combustible de la cual no hay señas en ese lugar.

La famosa verdad histórica de la administración de Enrique Peña Nieto no tiene ningún sustento real, todo está basado en testimonios contradictorios que han buscado cerrar el caso sin ningún esclarecimiento. Por ejemplo recientemente salió a la luz el que la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó el quinto camión en el que viajaban los normalistas, el cual presuntamente contenía droga o dinero ligado al narcotráfico, para ser más específico al cártel de Guerreros Unidos, cuando los estudiantes tomaron ese camión empezó el ataque contra ellos, y curiosamente ese camión no fue dañado. El cinismo con que las instituciones del régimen procuran la impunidad resulta escandaloso.

De hecho al momento de presentar un camión a los sobrevivientes de la noche de Iguala, ellos no lo reconocieron porque les presentaron un camión diferente del que ellos se habían subido en aquel momento. Aquí nace una pregunta ¿Por qué si el gobierno Federal está tan empeñado en señalar a Guerreros Unidos como responsable de la desaparición y presunto asesinato, se empeña en ocultar este tipo de detalles?

Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher en su artículo La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal, publicado en la revista Proceso No. 1990 del 21 de diciembre de 2014 señalan lo siguiente: que la Policía Federal participó activamente en el ataque contra los estudiantes normalistas en complicidad con el Ejército y donde el Gobierno Federal tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos vía el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Chilpancingo e Igual y que al menos 5 de los supuestos miembros de Guerreros Unidos, usados como testigos por la PGR fueron torturados antes de hacer sus declaraciones.

Cuando los estudiantes tomaron los camiones estaban siendo monitoreados por el C4, incluso se sabía que desde ahí salió la orden del presidente municipal José Luis Abarca de atacar a los jóvenes. Pero no es sólo eso, los propios normalistas denunciaron el hostigamiento del Ejército durante su escape del ataque de los policías municipales, todos estos detalles no están siendo considerados en la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto, por el contrario, cada vez se les trata de ocultar más, pues hasta ahora no ha interrogado a las fuerzas armadas.

Otro detalle es que cuando los padres de los 43 desaparecidos exigieron que se abrieran las puertas del cuartel del 27 Batallón de Infantería el Gobierno Federal se negó y hasta la fecha se ha negado a que tanto los familiares como los especialistas puedan entrar ahí para que se realicen las investigaciones pertinentes. Por eso existe la perniciosa necesidad de sostener la versión oficial a pesar de que ésta no tiene ni nunca tuvo sustento y ahora con las conclusiones del GIEI menos.

Esta es una situación sin salida para la administración de EPN porque cada vez queda más claro la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la alianza que esta institución tiene con el crimen organizado. Por esa razón los padres y el presidente van a reunirse el 24 de septiembre, ya que este último necesita liberar la gran presión política que ha recaído sobre él, es un verdadero paliativo para ver cómo se puede desviar la denuncia en su contra.

Incluso por esa razón los grupos interparlamentarios en el senado de la República están tratando de generar acuerdos mutuos para tratar el caso Ayotzinapa ante el gran desprestigio político que han sufrido por este caso. El pueblo trabajador ya no cree en estas instituciones y con justa razón, pues estas sólo sirven al interés de los patrones, que son los verdaderos beneficiarios de las reaccionarias reformas estructurales que descargan la crisis sobre nuestras espaldas.

La desaparición forzada de los 43 normalistas, el asesinato de los 5 compañeros en la colonia Narvarte, las matanzas de Tlatlaya, Ostula y el encarcelamiento de dirigentes sociales como Nestora Salgado demuestran que en México lo que se vive es un democracia bárbara acorde a los intereses del imperialismo. Es decir, que sirve para que las grandes empresas y los grandes organismos financieros sigan obteniendo enormes ganancias a costa de dejar a varias generaciones sin futuro.

Las pruebas son cada vez más contundentes en señalar que estos son crímenes de Estado. Andrés Aullet, abogado del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) señaló: “Para este primer aniversario de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa es necesario unir fuerzas del magisterio que enfrenta la reforma educativa, de los estudiantes que luchan contra los ataques al normalismo, de las y los trabajadores que se posicionan contra los recortes presupuestarios que afectan el gasto social, de las y los periodistas, comunicadores y fotógrafos independientes que claman por justicia para Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia, Mile y Alejandra, de quienes son parte de la campaña #NiUnaMenos. ¡Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos!”