MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Ante la polarización nacional abierta con la movilización contra la entrega de PEMEX, legisladores priístas y panistas finalmente aceptaron la exigencia del PRD, y realizar un debate de 71 días. Este posicionamiento, sin duda busca frenar la impresionante lucha de los últimos días, por ello fue condicionado al levantamiento del bloqueo en las Cámaras de diputados y senadores.

La bandera de la resistencia civil pacífica ha sido precisamente la exigencia por un debate amplio y de cara a la nación para decidir el futuro de PEMEX. En ese sentido, es de primer orden abrir la discusión sobre los alcances y limitaciones que esta política puede tener en el enfrentamiento efectivo contra la ofensiva privatizadora de Calderón y compañía.

De esta forma es importante señalar que, así sean setenta o cien días de debate, y que en el mejor de los casos fuese trasmitido públicamente, quienes en realidad estarán decidiendo qué rumbo tomar serán los mismos que hoy dejan claro que los intereses de trasnacionales como Repsol, Shell y otras, están por encima de los intereses de la población; es decir, la discusión se daría en el seno de la cueva de ladrones que es el Congreso. ¿Qué garantías tendrían los trabajadores frente a quienes aprobaron el recorte a jubilaciones y pensiones, como son las nuevas leyes del ISSSTE y del IMSS que les escamotearon la jubilación a los trabajadores? ¿Pueden ser interlocutores en este diálogo quienes avalan tratados de miseria contra los campesinos, como es el TLC? La respuesta es obvia, definitivamente no.

Por la magnitud del ataque, ningún debate auspiciado por el Congreso, aún bajo la presión de las organizaciones obreras y populares, puede impedir la entrega del petróleo al capital privado nacional o extranjero. Lejos de esto, el «debate» al que accedieron el PRI y el PAN solo será una fantochada para darle un tinte «democrático» e «incluyente» al Congreso, y para desactivar la oposición popular; la resolución que adoptarán se basará en excluir de cualquier debate nacional al pueblo trabajador, y sobre todo a los trabajadores de la industria petrolera y energética.

Lejos de este debate amañado, el movimiento contra la privatización de PEMEX tendría mayor alcance y fuerza si plantea la necesidad de un verdadero debate nacional, impulsado por las organizaciones obreras, campesinas y populares, para que el pueblo trabajador discuta un programa alternativo que ponga PEMEX realmente al servicio de las masas de la nación, y contrapuesto a la reforma de los capitalistas.

Entonces, ¿el referéndum?

Los coordinadores del PRD, PT y Convergencia propusieron que al final del debate, el dictamen de las iniciativas sea sometido a referéndum (Crónica 20/04), para después votar en el Congreso. La consulta o referéndum podría ser útil en tanto sea organizada independientemente por los sindicatos y organizaciones populares, y una herramienta para difundir la lucha y sumar a la movilización a nuevos sectores, (como se ha demostrado en otros movimientos como en la huelga de la UNAM1), pero éste no es el caso, ya que está asociada a la confianza en la acción institucional del Congreso y en que el mismo respetará eventualmente sus resultados.

De la misma manera, el referéndum no puede basar su legitimidad en otra institución fraudulenta como es el Instituto Federal Electoral, o en los IFE´s locales, pues recordemos que fueron estos quienes avalaron la imposición de Felipe Calderón en la presidencia. Cualquier otra variante legal de este mecanismo, finalmente será sometida a la aprobación de los magistrados y jueces, cuya «imparcialidad» está definida por su relación con el poder político.

En los términos en los que se encuentra hoy, la propuesta del FAP y de AMLO sobre la defensa del petróleo, se centra en el «debate nacional» organizado por el Congreso y en la reforma legislativa para permitir el referéndum. A pesar de las intenciones de los miles de brigadistas, éste último puede convertirse en una propuesta que desactive el gran movimiento gestado por el descontento con el gobierno y sus intentos privatizadores, subordinando y reduciendo la movilización obrera y popular a una mera presión para obtener esta medida institucional la cual no será respetada por parte del Ejecutivo; y, al mismo tiempo, diluyendo el peso social de los trabajadores (y en particular del sector energético), que son los que pueden realmente ponerle un freno al ataque. Es decir, lejos del objetivo propugnado, puede terminar siendo lo contrario.

En todo caso, es necesario organizar una consulta por parte de las organizaciones obreras y populares, como parte de una estrategia para extender las movilizaciones sin ninguna confianza en la labor del Congreso.

Como planteamos en estas mismas páginas, el movimiento contra la privatización debe centrarse en profundizar la lucha en contra de la entrega de PEMEX y las instituciones del régimen de la alternancia.

Notas:
1 Durante la huelga de la UNAM, los referendos organizados por el CGH cumplieron su función, no por su funcionalidad como herramienta en sí, sino por estar sustentados por asambleas de cada plantel y en medio del apoyo de la población al movimiento estudiantil, pero sobre todo porque estos eran sólo una táctica, jamás fueron la decisivos para el levantamiento de la huelga por ejemplo, como el plebiscito promovido por la rectoría el cual fue la antesala de la represión en aquel entonces.