MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Con la tramposa propuesta de Calderón -apoyada por el PRI- para privatizar parcialmente PEMEX bajo la iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, el gobierno pretende ceder mayor soberanía en beneficio del capital nacional y extranjero, debilitando más al estado frente al imperialismo, y avanzando en la recolonización del país.

Distintos especialistas han demostrado las graves consecuencias que tendría para la industria energética y la economía nacional, poner en manos del capital privado el transporte y el almacenamiento del gas y el petróleo, así como la inversión en refinación del petróleo crudo (que es la base de la renta petrolera) bajo la figura de «productores independientes de refinados» (como ya se hace en la industria eléctrica). Pues los capitalistas podrán perforar pozos, ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, áreas todas reservadas al estado desde la nacionalización de 1938; así como la inversión en los yacimientos fronterizos, donde el capital privado interviene en las plataformas. Los 3.4 millones de barriles que produce PEMEX diariamente (que en el 2007 arrojaron ganancias de 1 billón 150 millones de pesos), son un atractivo bocado para las transnacionales, a las que el pro-imperialista gobierno panista (apoyado por el PRI) le facilita sus planes.

Y si hoy, México importa más de 40% de la gasolina (321 mil barriles diarios en enero y febrero de 2008) de países como Italia y Holanda (que no tienen refinerías), qué sería si Repsol, Standard Oil, Exxon Mobil, Shell o Halliburton, se hacen del petróleo mexicano al beneficiarse de las reformas a las leyes secundarias. Estas empresas determinarán los precios de la gasolina tratada en sus refinerías (la cual importaremos), con lo que la economía dependerá de los precios y la política económica del capital extranjero.

Por lo que es falso que la reforma «salvadora» que propagandizan Calderón, el PAN y el PRI, traerá el prometido «desarrollo económico y social». Y es que una economía dependiente como la nuestra, ligada a los intereses y vaivenes económicos y financieros de los EE.UU. y de la banca internacional, no puede alcanzar un desarrollo nacional en beneficio de las mayorías, sin romper las ataduras que nos subordinan al imperialismo. Dicho desarrollo no lo lograron ni el «desarrollismo» ni los «modelos» como la «substitución de importaciones» de los ´40-´70. Y esto es consecuencia de que la burguesía «nacionalista», por sus propios intereses de clase y su carácter de socia menor de las transnacionales, no podía ni puede ser anti-imperialista. Lejos de ello, desde Miguel Alemán hasta Calderón, el país ha visto acrecentar su dependencia y se ha profundizado la colonización por parte del imperialismo norteamericano.

La recolonización del país

Los gobiernos mexicanos siempre han fijado las cuotas de producción y explotación atendiendo los mandatos de los EE.UU., e hipotecaron las reservas petroleras al servicio del imperialismo. A la esclavizadora deuda externa (que hoy es de 42.700 millones de dólares), a la privatización de la banca y la minería, a la entrega de los litorales, y al TLC, ahora quieren sumar la entrega de los hidrocarburos. Esto incorporaría el petróleo al área de seguridad estratégica de los EE.UU., por lo que cualquier medida posterior que la Casa Blanca considerara inconveniente para sus intereses, provocaría reacciones intervencionistas de Washington y las transnacionales, tal como hicieron las compañías Standard Oil y la Royal Dutch, que en 1930 bloquearon la exportación y el abastecimiento ante la nacionalización decretada por Lázaro Cárdenas. No es exageración decir que -de pasar esta reforma reaccionaria-, se alentaría que las tropas de los EE.UU. militaricen la frontera para defender las concesiones de las transnacionales. O que la US Navy custodiaría el Golfo de México para cuidar sus pozos y plataformas en aguas nacionales, fijando EEUU los límites de las aguas territoriales a favor de sus intereses. Es claro que la reforma energética busca entregar la soberanía nacional.

Y es que esta reforma obedece no sólo al carácter empresarial del gobierno, cuyos integrantes y amigos multiplican sus fortunas (como los Bibriesca y los Mouriño), sino a la política pro-imperialista de Calderón, quien colabora con los planes colonizadores como el Plan Mérida, al igual que lo hace el entreguista Uribe con el Plan Colombia. Por eso es necesario que el movimiento obrero y de masas se movilice contra esta entrega de los recursos naturales no renovables y la soberanía nacional.
¡Abajo la privatización de PEMEX! ¡Fuera las transnacionales! ¡Alto a la recolonización del país!

Luchemos contra las trasnacionales y el imperialismo

Frenar la privatización de PEMEX requiere de una gran movilización obrera y popular tras una perspectiva anti-imperialista. Hay que seguir el camino de las masas trabajadoras de Bolivia, que en el 2003 evitaron la entrega de sus energéticos a las transnacionales en la llamada «guerra del gas», abriendo una situación revolucionaria que, pese haber tenido una salida institucional por la política de sus direcciones, frenó la entrega a las trasnacionales y echó al presidente Sánchez de Losada del gobierno.

En México, es necesario fortalecer la movilización de los trabajadores. Si en 1938 la fuerza de las masas trabajadoras defendió la nacionalización petrolera, hoy la fuerza de los sindicatos (comenzando por las organizaciones obreras del sector energético), los campesinos, los estudiantes y el conjunto del pueblo en las calles, puede derrotar este ataque. En este camino, es fundamental impulsar un programa que cuestione la dominación imperialista. Tanto AMLO como la CND, aunque se oponen a la reforma del PAN-PRI, no tienen un programa anti-imperialista que luche, por ejemplo, por la renacionalización sin pago de las empresas privatizadas relativas al petróleo y el gas; que llame a romper los pactos entre el gobierno y los EEUU (como el TLC), y que mediante el no pago de la deuda garantice los recursos para la industria petrolera. Sólo con una perspectiva de estas características se podrá revertir la privatización parcial que en los hechos se viene dando, poniendo el sector energético al servicio de las masas obreras y populares.

Al mismo tiempo, es necesario que la industria energética sea puesta bajo control de los trabajadores petroleros, para que funcione bajo planes que eviten la apropiación extranjera del petróleo, e imponga un freno a las concesiones al capital privado.

En esta perspectiva, solamente un gobierno de obreros y campesinos puede garantizar no ya una industria energética totalmente nacionalizada, sino que la renta petrolera esté en función de las necesidades de la mayoría de la población trabajadora y del desarrollo de la industria y el campo: así como de una política anticontaminante que garantice una mejor calidad de vida de los mexicanos.