MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Ha pasado ya casi un año de que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, calificara como “verdad histórica” la versión de que la policía de Iguala había entregado a los 43 normalistas, a sicarios del grupo “Guerreros unidos” quienes los habrían asesinado y calcinado en el basurero del municipio de Cocula gobernado por el PRD. La evidencia con la que contaba eran las imágenes de un satélite de la NASA, en donde se apreciaba una emisión de calor en Guerrero la madrugada del 27 de septiembre, así como la declaración de un par de supuestos participantes en el crimen.

Desde entonces, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han seguido otras líneas de investigación que involucraban al 27 batallón de Iguala , así como la existencia de un quinto camión que no fue registrado en los reportes. Expresaban además su preocupación por las huellas de malos tratos o tortura que presentaba el 70% de las 115 personas que han sido detenidas durante la investigación, hecho que apunta a declaraciones forzadas.

En oposición a la versión oficial, estudios meteorológicos indicaban que no sólo no había habido un incendio aquella noche del 26 de septiembre, sino que había llovido en Iguala y Cocula. Ante el cuestionamiento sobre si seguirían o no las investigaciones en el basurero, los investigadores señalaron que era “innecesario”.

Durante la presentación de su segundo informe, los expertos informaron que recientemente habían tenido acceso al informe en donde se daba cuenta de que 11 de los 27 militares a de quienes se había pedido entrevista, ya se habían presentado a declarar sin que se notificara al GIEI. Las declaraciones estaban fechadas el 26 de agosto y el 11 de septiembre del año pasado. Integrantes del GIEI explicaron que debido a la forma en que se presentaron las entrevistas, no había certeza de las preguntas a las que estaban respondiendo, así como no se había profundizado en pasajes claves del relato.

Insistieron en que es necesario volver a entrevistar a los militares, con un cuestionario propio y señalaron que para poder validar cualquier información, los investigadores tenían que estar presentes. Los militares citados habían estado en cuatro de los momentos claves de la noche del 26 de septiembre (antes y después de la llegada de los normalistas, durante la agresión, en la clínica donde se refugiaron los jóvenes y durante la aparición de Julio César Mondragón).

Los expertos aseguraron que tendrán avances en los próximos seis meses, mientras tanto, informaron que la PGR ha comenzado a desplazarse por algunas regiones del país en las tareas de búsqueda, así como indicaron que revisarán lo relacionado con el quinto autobús que estaba en manos de los normalistas. La “justicia” busca cómo desautorizar el informe del GIEI, toda vez que la “verdad histórica de Murillo Karam mostró su falsedad.

Exigieron que se agilicen los trámites para realizar las pruebas de ADN a Julio César Mondragón, cuyo cuerpo sigue sin poder ser sepultado debido a las investigaciones. Asimismo, expertos acusaron que aún no se les han entregado los materiales audiovisuales capturados por las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno de Iguala ni las capturadas por el Ejército. Todo un boicot que intenta desviar el gran desprestigio internacional del gobierno de Peña Nieto.

Aunque la PGR se ha comprometido con los padres a continuar con las investigaciones, ha quedado claro que las instituciones de justicia y el gobierno tratan de evitar que los padres de los 43 accedan a la justicia. Las autoridades han ocultado información durante todo el proceso con miras a proteger a sus políticos y al ejército, pues es la principal institución en que se apoya el gobierno para imponer la gobernabilidad.

Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y denunciamos que fue el estado el principal responsable de la masacre de Iguala. Llamamos a fortalecer la movilización nacional que, en su momento más alto, puso al gobierno a la defensiva. Al mismo tiempo que impulsamos un movimiento democrático que demande el regreso de los militares a los cuarteles y a echar abajo los pactos de seguridad de México con el imperialismo, como el ASPAN y la Iniciativa Mérida.

Una vez más el grito de “¡Fue el Estado!” cobra fuerza y trae consigo la exigencia de “fuera Peña Nieto”.