MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El martes 4 el presidente de México planteó que “están dadas las condiciones para aprovechar las capacidades tecnológicas y financieras del sector privado, necesarias para aumentar la producción, transformación y distribución nacional de energéticos”.
La reforma energética redefine profundamente la relación de México con el imperialismo estadounidense.

Los hidrocarburos en manos de las trasnacionales

La sola mención hecha por Peña Nietoen el Palacio Nacional de que “serán las empresas productivas del Estado y las privadas las que participen y compitan en los nuevos mercados energéticos generando beneficios directos a todos los consumidores”, contradice los dichos del gobierno de que la reforma no es privatizadora.

Para dar un ejemplo, la Ley de Hidrocarburos, una de las leyes secundarias de la reforma energética, en su artículo 36, fracción IV establece que “La Secretaría de Economía, a solicitud de la Secretaría [de Energía], emitirá su opinión sobre el porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en cada Contrato para la Exploración y Extracción, en un plazo de diez días hábiles. La Secretaría deberá observar que dichos porcentajes no generen ventajas indebidas que pudieran afectar la posición competitiva de Asignatarios o Contratistas”.

Queda en evidencia que la Secretaría de Energía velará sin descanso por los intereses de los capitales privados, los asignatarios o contratistas de las exploración, extracción y explotación de los hidrocarburos. Son ellos quienes obtendrán el mayor porcentaje de utilidades.

Un espectro amplísimo de analistas, economistas, científicos, ingenieros y tecnólogos han denunciado que poner a competir a Pemex –después de haberla mermado en su infraestructura y presupuesto durante años– con las grandes trasnacionales, no tiene nada ni de libre ni de competitivo.

El proyecto del PRI en el gobierno es que la planta productiva y tecnológica nacional sea dependiente y adicta del capital extranjero, concesionando el millonario negocio energético a las grandes trasnacionales como la Royal Dutch, la Exxon Mobile y la British Petroleum.

En un artículo de agosto de la revista Forbes en su edición mexicana, el articulista Sergio Saldaña Zorrilla alertaba que “el gran error de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional”.

Agotamiento energético y daño ambiental

La mayor parte de las proyecciones, apuntaban a que, produciendo 14,000 millones de barriles, el petróleo mexicano se agotaría en una década a la actual tasa de extracción y reposición.

Al mismo tiempo, los daños ecológicos se radicalizan al concesionar los hidrocarburos al capital trasnacional, producto de la ya de por sí nociva industria petrolera que, sólo en los últimos años, ha producido derrames como el del Golfo de México en el pozo Macondo, concesionado justamente a la British Petroleum.

Además, la concesión de hidrocarburos no convencionales como el gas de esquisto o shale gas, permitirá el método de fractura hidráulica, ya denunciado por científicos, campesinos y organizaciones ambientalistas en todo el globo por su alto nivel contaminante del subsuelo y las masivas filtraciones de metano a la atmósfera.

Despojo

Diversas organizaciones campesinas, sindicales y populares han denunciado también que, con las leyes reglamentarias, grandes proporciones de tierra y recursos naturales quedarán a merced de las trasnacionales.

Incluso bajo la nueva legislación, áreas ecológicas enteras podrán ser eliminadas bajo la supuesta forma jurídica de “interés social y orden público”. No hay más interés social que las ganancias del capital extranjero en la reforma, como se ha demostrado con creces en el caso de la industria minera que ha devenido en todo el país en el despojo de tierra a los campesinos pobres y pueblos originarios y la devastación ambiental.

La reforma constitucional en materia energética, sus leyes reglamentarias y el entramado de acuerdos con el imperialismo estadounidense como el Tratado de Libre Comercio o el Plan Mérida, violentan sin precedentes la soberanía nacional, profundizando el carácter cada vez más subordinado el capitalismo semicolonial mexicano.