MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

México y América Latina, de la estabilidad reaccionaria a la vanguardia de la lucha de clases

Desde mediados de los años ’90, luego de la salida reaccionaria de la crisis económica de 1995 y de la contención del levantamiento zapatista, México fue un polo de estabilidad reaccionaria a nivel continental. Basado en el crecimiento de determinadas ramas y sectores de la economía vinculadas a la exportación, apoyado en una brutal explotación de la fuerza de trabajo, y en un proceso de franca “integración” en términos de subordinación a la economía y las transnacionales estadounidenses, el capitalismo semicolonial mexicano gozó de altos índices de crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto se sustentó en el apoyo político y económico de EE.UU. (cuyo máxima expresión fue el salvataje ante el “efecto tequila”, cuando EE.UU. desembolsó 50.000 millones de dólares en “concepto de préstamo extraordinario”) y en la transición pactada entre el PRI, el PAN y el centroizquierdista PRD, que en los años 1994/2000 actuó desviando el descontento de las masas hacia las ilusiones en la reforma del viejo Priato [1].

Esto otorgó una gran estabilidad, que en el terreno político se prolongó hasta los primeros años del sexenio foxista. México contrastaba así con la situación de zonas claves de América Latina, como el Cono Sur y la región andina, y en particular con países como Argentina y Bolivia, donde el creciente protagonismo de las masas desde el año 2001 creaba tendencias a la inestabilidad de los regímenes y los gobiernos, y situaciones de carácter prerrevolucionario.

Las propias contradicciones internas (que más abajo analizamos), la influencia de la lucha de clases latinoamericana y el cambio en las prioridades políticas y económicas de EE.UU. desde 2001, así como las crecientes dificultades de éste para mantener su hegemonía internacional, fueron factores de peso que influyeron para modificar esta situación.

Por lo que en México desde 2003 y 2004, se dieron las movilizaciones de los trabajadores electricistas [2] y de la salud [3], que empezaban a mostrar los primeros síntomas de un cambio en el estado de ánimo de sectores del movimiento de masas.

Con el surgimiento de la “Comuna de Oaxaca”, la lucha de clases retomó las tendencias más avanzadas de los combates del proletariado del continente de los últimos años: como en Bolivia, con “la guerra del agua” en la ciudad de Cochabamba en abril de 2000 y la insurrección espontánea de la ciudad de El Alto de 2003, que planteó elementos de guerra civil; como en Argentina con las jornadas revolucionarias de 2001 y el enfrentamiento a las fuerzas represivas. Sectores del movimiento obrero y de masas en México retomaron la senda de estos procesos de insubordinación obrera y popular, enfrentando de paso a uno de los gobiernos “neoliberales” más proyanquis de la región, y que en los años previos estuvo a la cabeza de la aplicación de los planes del FMI y el Banco Mundial.

Al mismo tiempo, la Comuna representó un avance cualitativo en la lucha de clases. Si a partir de la “integración” a la economía norteamericana México fue un símbolo de estabilidad; hoy, en un contexto de aflojamiento de las cadenas imperialistas (expresado en el vuelco estadounidense a Irak y Medio Oriente), el país es un “eslabón débil” donde el peso agobiante de la expoliación imperialista y la ofensiva contra los trabajadores y las libertades democráticas propiciaron acciones revolucionarias como en Oaxaca, donde sus métodos radicalizados, sus elementos de guerra civil y sus formas novedosas de organización, representan un salto significativo que puede estar preanunciando cambios en la lucha de clases en el continente.

Así como los eventos de lucha del movimiento obrero y de masas del continente, la lucha de Oaxaca planteó lecciones fundamentales. Como la necesidad de la entrada en escena del proletariado de las grandes concentraciones urbanas (cuestión que hubiera facilitado el triunfo de la Comuna y que faltó debido a la política de las direcciones sindicales) y de garantizar y organizar la autodefensa, así como de impulsar las tendencias a la autoorganización de las masas, poniendo en pie verdaderos organismos de carácter soviético. Y, finalmente, la necesidad de la lucha por la caída revolucionaria del gobernador, lo que hubiera planteado objetivamente la cuestión de quién detenta el poder político en el estado del suroeste de México, contra lo cual conspiraron las direcciones reformistas y populistas que allí actuaron.

La economía de México: contradicciones estructurales y recuperación precaria

A pesar de la fortaleza relativa de la economía mexicana en el segundo lustro de los ‘90, desde la llegada a la presidencia del panista Vicente Fox Quesada en el año 2000, se desarrollaron tendencias profundas a un trastrocamiento de esta situación económico-social, que a continuación desarrollamos. Esta fue la base estructural de los álgidos procesos de la lucha de clases que presenciamos en el año 2006, al final de su mandato.

Desde 2000-2001, la economía experimentó las consecuencias del fin del “ciclo virtuoso” de la economía norteamericana, a la que estaba (y está) fuertemente enlazada y subordinada. En los años 2001-2003 atravesó una fuerte recesión, con tasas promedio de crecimiento del PBI del 0,6%, menores al aumento poblacional. Esto impulsó al gobierno de Fox a acelerar el ataque sobre conquistas de las masas (como la seguridad social y el sector energético) y profundizó el desempleo, el subempleo y la carestía de vida.

Esta tendencia al estancamiento económico fue la base del acelerado desgaste de las ilusiones de masas en la “alternancia” y, en particular, en el “gobierno del cambio” foxista, que en pocos años perdió gran parte del capital político conquistado con la “alternancia”.

Este estancamiento (que incluyó tendencias recesivas en sectores como la industria maquiladora) dio paso luego, en un contexto de recuperación de la economía latinoamericana y de crecimiento de la economía mundial, a un mayor crecimiento del PBI y de las exportaciones, que en el 2004-2005 crecieron un 4,2% y un 3%, especialmente en servicios y en menor medida la manufactura.

Sin embargo, esta recuperación “macroeconómica” (que fue menor a los niveles del resto de la región) no significó un retorno a la situación de fines de los ‘90.

Porque, distinto al “ciclo” anterior, la recuperación se basó en el crecimiento de las exportaciones petroleras y de otras exportaciones primarias, como la industria minera. Aunque la clase dominante se benefició del crecimiento de la demanda externa y de la diversificación de sus inversiones, aumentando la concentración de la propiedad capitalista, la recuperación de las exportaciones maquiladoras e industriales no maquiladoras resultó muy débil. Y también fue distinto debido al cambio reciente en las condiciones internacionales imperantes en los ’90; si México fue entonces socio privilegiado de EE.UU. por la vía del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la industria de exportación, la alianza establecida más recientemente entre la economía norteamericana y la china acarreó una pérdida de terreno de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense, a manos de las exportaciones chinas que resultaron más “competitivas” por su bajo costo de mano de obra. De hecho, una nueva característica que se evidencia en este fin de sexenio es el crecimiento de las relaciones económicas con la Unión Europea, que cobran importancia ante el mencionado debilitamiento de la hegemonía norteamericana.

Todos estos elementos plantearon grandes contradicciones en la economía, que hasta ahora fueron paliadas por el envío de remesas de los migrantes (20.035 millones de dólares en 2005) y el ingreso de divisas vía petróleo. Algunas de estas contradicciones se concentran en el déficit comercial y de cuenta corriente (del cual se espera un aumento muy significativo para el próximo 2007 [4]), y en una deuda pública del orden del 31% del PBI a mediados de 2006.

En este contexto, el gobierno de Fox acarreó, en el agro, la pérdida masiva de puestos de trabajo (alrededor de dos millones), y un crecimiento del desempleo, el subempleo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de las ciudades. Se evidenciaron las consecuencias de una “integración” basada en un procesos de subordinación a la economía norteamericana y en particular del TLC, el cual concitó un desarrollo desigual con el hundimiento de sectores enteros de la economía, como el azucarero y áreas de la industria textil, y un acrecentamiento de la polarización social con el ahondamiento de la brecha entre un puñado de capitalistas y sectores medios acomodados y una gran mayoría aún más sumida en la miseria, la explotación y la opresión.

Un nuevo ciclo de la lucha de clases

El inicio de un nuevo ciclo de la lucha de clases impidió que la débil recuperación iniciada a fines de 2003 permitiera una estabilización política duradera, mostrando así la imbricación compleja entre economía y lucha de clases.

Hitos de este reanimamiento del movimiento obrero y popular fueron la movilización de los electricistas a fines de 2003 y de otros sectores obreros por salarios en ese año, así como las luchas de los trabajadores de la salud en 2004 y 2005, que mostraron tendencias antiburocráticas en esos sectores. Esto comenzó a revertir, lenta y tortuosamente, el largo retraso de la acción de la clase obrera mexicana, después de un largo periodo en el que el movimiento campesino e indígena fue el protagonista de la resistencia contra el capital (y cuyo máximo exponente fue la gran insurgencia de los indígenas zapatistas en 1994). Esta recuperación de la clase obrera se afirmó en las luchas de los minero-siderúrgicos durante el primer semestre de 2006, y particularmente con la rebelión obrera de Lázaro Cárdenas, donde los trabajadores de Sicartsa apelaron a la autodefensa, con métodos radicales, de su huelga indefinida, obligando al repliegue de las fuerzas represivas [5]. Mientras tanto, surgían luchas muy duras y heroicas, como en el caso de los familiares de los trabajadores víctimas del asesinato patronal en Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 obreros por un accidente en una de las minas.

Combinado con esta nueva situación en sectores del movimiento obrero, emergió desde principios de 2005 un movimiento democrático de masas contra la proscripción a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) [6] por parte del contubernio PRI-PAN. Las históricas movilizaciones de millones de personas (sectores populares, clases medias urbanas, estudiantes y sectores de trabajadores) demostraron cómo, ante un régimen que mostraba una importante continuidad con las viejas prácticas del priato, las demandas democráticas más elementales (como el derecho a participar en las elecciones de un candidato de oposición perteneciente a una fuerza de corte burgués) se convertían en un motor de la movilización de las masas, lo cual potencialmente podría empalmar con las nuevas luchas del movimiento obrero.

Al mismo tiempo, desde mediados de 2005 surgió un nuevo fenómeno político en México. Por una parte, el EZLN volvió al centro de la escena política con la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, un documento político y estratégico donde esta dirección autonomista llamaba a construir un “movimiento anticapitalista” y denunciaba no sólo al PRI y al PAN, sino también al PRD, partido con el cual, en años anteriores, había evitado confrontarse. Este llamado, que pretendió nuclear a un crisol de organizaciones populistas, reformistas y de izquierda, y organizar un movimiento político bajo la “Sexta”, fue el referente de un amplio sector de la juventud estudiantil (y también de sectores minoritarios de trabajadores) que se movilizaron en repetidas ocasiones y se incorporaron a la “Sexta Declaración” y al movimiento de “La Otra Campaña”, y que en mayo de 2006 enfrentaron una salvaje represión mancomunada de los gobiernos federal (PAN), estatal (PRI) y municipal (PRD) en San Salvador Atenco. Esto mostró, más allá de la estrategia política de esta dirección, un creciente giro a izquierda en estos sectores, con gran desconfianza respecto a los partidos patronales (y en particular el PRD), y orientándose difusamente hacia la necesidad de un cambio social de carácter radical (bajo confusas ideologías autonomistas y populistas).

México comenzaba a ponerse más a tono con la situación latinoamericana. Aparecía en el horizonte la potencialidad de una posible combinación entre el despertar del movimiento obrero y los primeros elementos de recuperación de su subjetividad [7], junto a movilizaciones de masas de los sectores populares y medios urbanos, y a la emergencia de sectores radicalizados de la juventud. Esto abría un panorama potencialmente peligroso para la dominación burguesa. En ese contexto, el fraude del 2 de julio de 2006 y la radicalización de la lucha en Oaxaca detonaron el inicio de una nueva etapa política y de la lucha de clases en México.

La prematura crisis del nuevo régimen

La aplicación a rajatabla de los planes imperialistas durante el sexenio, y la deslegitimación del régimen surgido en el año 2000, le acarreó importantes costos al PAN. A pesar de esto, el PAN conservó una importante base electoral en amplios sectores medios acomodados, especialmente en los estados del norte y también en la zona central, que votaron por Felipe Calderón como el exponente de una clara continuidad y profundización de la política pro imperialista de Fox.

En el caso del PRD, este partido de centroizquierda burgués arrastraba fuertes contradicciones ya que, mientras pretendía mantenerse como referente opositor, se encontraba en un curso de derechización política (expresado por ejemplo en la asociación de López Obrador con grandes magnates como Carlos Slim). Pero, sin necesidad de modificar su discurso económico (el cual mantuvo como un “antineoliberalismo” discursivo), desde 2005 se convirtió en la principal oposición política, capitalizando electoralmente el descontento y convirtiéndose en la segunda fuerza en el Congreso de la Unión. Esto se hizo evidente en el apoyo conquistado por AMLO en las clases medias, sectores populares y también entre sectores de la clase obrera, que tradicionalmente apoyaron al PRI.

Y es que el PRI, que fuera baluarte del antiguo régimen, emergió de las elecciones de 2006 como uno de los grandes perdedores al convertirse en la tercera fuerza en el Congreso, aunque, de forma contradictoria, se convirtió en el fiel de la balanza en el Congreso y también mantiene una decena de gobernaciones electas en los años anteriores [8].

Por detrás de este acelerado declive del tricolor (PRI) y de sus contradicciones internas, está la crisis en su relación con el movimiento de masas, del cual es su dirección histórica. Esta crisis se expresa en los sindicatos del Congreso del Trabajo (CT), donde las viejas direcciones priístas están fuertemente desprestigiadas, y también -aunque en menor medida- en los sindicatos opositores de la UNT, varios de los cuales están dirigidos por sectores priístas.

El debilitamiento y desprestigio de la burocracia sindical facilitó el surgimiento de sectores antiburocráticos -como en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la UNT, en la industria del hule o entre los trabajadores jubilados de la sección minera de Real del Monte-, y más recientemente entre los trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. Es significativo que la lucha más importante de los últimos años (Oaxaca) estuviera encabezada por un sector de trabajadores -el magisterio- con larga tradición de lucha y oposición al charrismo oficialista de la ex priísta Elba Esther Gordillo.

Al mismo tiempo, al calor de la ofensiva del gobierno contra los sindicatos, surgieron acciones y movilizaciones que, aunque lideradas por los charros priístas, mostraron una nueva disposición a la lucha en el movimiento obrero, cuya máxima expresión fue Sicartsa [9].

Que el control charro sobre los sindicatos sea incipientemente cuestionado expresa la crisis de las instituciones. Y puede ser un “eslabón débil” por el que ingresen a la lucha nuevos sectores obreros de los servicios y de la industria.

El fraude y la movilización de masas

Las elecciones fraudulentas del 2 de julio de 2006, que dieron el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa, mostraron la disposición del sector del régimen más vinculado a las transnacionales y los grandes grupos burgueses nativos a mantenerse a como diera lugar en el gobierno, actuando contra el ala “izquierda” del mismo régimen (el PRD) para impedir el acceso a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, como lo había hecho con el intento del desafuero. Esto provocó un fuerte cisma entre los partidos políticos patronales y empujó el resurgimiento del movimiento democrático de masas, que se movilizó en defensa del respeto al voto al que consideraban su candidato. Este movimiento de protesta tuvo su epicentro en el Distrito Federal (DF), con las multitudinarias e históricas manifestaciones del 16 y 30 de julio; decenas de mítines convocados por AMLO, y un plantón de varios kilómetros que atravesó el centro político y financiero de la ciudad. La confirmación del Tribunal Electoral de la Federación respecto al triunfo de Calderón, marcó con la deslegitimación al futuro gobierno y significó un salto de calidad en la crisis de la relación entre las instituciones y las masas explotadas y oprimidas, ya que aquéllas se evidenciaron funcionales a los intereses de los capitalistas y terratenientes.

Si cuando asumió Fox en el año 2000 contó con la ventaja de grandes ilusiones en la “alternancia democrática”, en menos de un sexenio esto trocó en una creciente identificación entre la alternancia y el viejo Priato.

La crisis del régimen se potenció también porque el imperialismo norteamericano, que en 1994 garantizó la estabilización política y económica y avaló la transición pactada, hoy concentra sus energías en Irak y Medio Oriente, además de la política más represiva y persecutoria contra los inmigrantes posterior a los atentados del 11/9 en Estados Unidos, como demuestra la construcción del Muro fronterizo.

En ese marco, el movimiento democrático mostró entonces la decisión de sectores de las masas a participar, movilizarse y luchar en las calles. La política de la dirección perredista fue pasivizarlo, evitando que confluyera con la acción radicalizada de las masas oaxaqueñas, frenando nuevas movilizaciones de masas después del 31 de julio y logrando, mediante la acción de las direcciones sindicales afines como el SME y la UNT, que los trabajadores no participaran de este movimiento con sus propios métodos de lucha, evitando que se convocara a un paro nacional contra el fraude y en apoyo a Oaxaca. Esto le permitió llevar al movimiento hacia las ilusiones en la conformación de la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, que desde el inicio estuvo planteada como un movimiento político en apoyo a AMLO y bajo su control férreo, respondiendo a una estrategia de presión sobre las instituciones del régimen, la cual se expresó también en la proclamación de AMLO como “presidente legítimo”, cuya actuación se centrará en impulsar la agenda parlamentaria del opositor Frente Amplio Progresista (PRD-Convergencia-PT).

La lucha de Oaxaca (cuyas características desarrollamos a continuación), también echó luz respecto a esta crisis de legitimidad de las instituciones “democráticas”. Y es que la misma enfrentó con métodos radicalizados y nuevas formas de organización al régimen estatal, poniendo sobre la mesa la posibilidad de la caída revolucionaria del gobernador, cuestionando las instituciones tradicionales.

La crisis del régimen mexicano, la desconfianza con el régimen garante del fraude electoral y el cuestionamiento a las instituciones “democráticas” en Oaxaca, constituyen hasta ahora el punto más elevado en la región de la crisis de los mecanismos de las democracias burguesas. Crisis que se ha expresado en distintos países durante los últimos años, aunque allí donde se instauraron gobiernos “posneoliberales” se logró contener el descontento. En México esta crisis se potencia porque, lejos de ser un gobierno “posneoliberal” y de otorgar concesiones aunque formales a las masas, el panismo aplicó (y anuncia que seguirá haciéndolo), duros planes contra los trabajadores y el pueblo.

La Comuna de Oaxaca y la recomposición del movimiento obrero y de masas

La “Comuna de Oaxaca”, basada en el control territorial de parte importante de la ciudad capital del estado, representó un hito de la recomposición del movimiento obrero y de masas que se inició en 2003 y que se mostró en la lucha de Sicartsa, pero que venía en los marcos de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero (como los sindicatos “opositores” y priístas, como el minero). En Oaxaca los métodos radicalizados se combinaron con una nueva forma de organización para la lucha, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), basada en un funcionamiento asambleario en cuanto a la toma de decisiones, con una dirección provisional compuesta por las distintas organizaciones y sectores participantes, y que caracterizamos como un frente único de tendencias que podía, a condición de contar con una política correcta, convertirse en un organismo de democracia directa.

Pese a llamarse un movimiento popular, en Oaxaca se vio el rol predominante de la clase obrera: los asalariados del magisterio fueron la vanguardia y su método (la huelga indefinida) fue el pilar sobre el que se basó la lucha obrera y popular (además del paro de los trabajadores de la salud). Su llamado a luchar por la caída de Ulises Ruiz Ortiz (URO), se convirtió en el eje articulador de las demandas de la gran mayoría de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas del estado, mostrando en pequeña escala la centralidad de la acción de la clase obrera y también su rol como caudillo de la nación oprimida.

El control territorial -concentrando el control de varios medios de comunicación, inédito en las últimas décadas a nivel internacional-, junto al surgimiento de centenares de barricadas y de elementos de autodefensa de masas (como es por ejemplo los “bazuqueros” pertrechados con bazucas caseras) mostraron un salto en la subjetividad proletaria y una tendencia a transgredir la legalidad burguesa. Esto a pesar de la estrategia pacifista de la dirección, que intentó desarmar en todo momento y lugar a esta vanguardia radicalizada; esta vanguardia, con su mismo surgimiento, plantea la posibilidad de que irrumpa un nuevo movimiento obrero y de masas, más avanzado en su conciencia y en sus métodos de lucha y organización.

Una definición marxista de la situación en México

Una nueva etapa de la lucha de clases

La irrupción de las masas en contra del fraude y la emergencia de la Comuna oaxaqueña mostraron que desde julio asistimos a una nueva etapa de la lucha de clases. Con el trasfondo de una crisis en el “patrón” de acumulación capitalista desarrollado en los ‘90 y la modificación en las condiciones internacionales y en la propia relación estructural de México con EE.UU., la situación que se comienza a configurar en el movimiento de masas y la fenomenal crisis política de la “alternancia” son los elementos más avanzados de un cambio de relación de fuerzas entre las clases, que permiten definir el ingreso a una etapa prerrevolucionaria. Decimos etapa y no situación pues posiblemente este nuevo periodo se desarrolle en el marco de un tiempo prolongado, dando lugar a situaciones álgidas y de ascenso de la lucha de clases (como las que se vivió de julio a fines de noviembre) y a otras de carácter reaccionario, y donde es factible que veamos nuevos ensayos revolucionarios de la lucha de clases, maniobras reaccionarias y trampas “gatopardistas” de la burguesía para recomponer, al menos parcialmente, su régimen político, así como golpes reaccionarios contra la insurgencia obrera y popular. En ese marco, es factible que la Comuna oaxaqueña sea un primer ensayo de fuerzas del movimiento obrero y popular, que preanuncie una entrada más generalizada de otros sectores de la clase obrera y del movimiento de masas.

Como dijimos, uno de los elementos más dinámicos, convulsivos e inestables de esta nueva etapa es el salto cualitativo, ocurrido desde el 2 de julio, en la crisis del régimen político de la “alternancia”, que, como planteamos antes, venía desgastándose en los años previos.

Esto se muestra particularmente en la fuerte división política entre las distintas fracciones políticas del régimen (particularmente entre el bloque PRI-PAN y el centroizquierdista PRD, como se evidenció en el escándalo de la asunción de Calderón el 1° de diciembre) que tiene el trasfondo de una fuerte polarización en las clases medias (donde amplios sectores votaron por AMLO y otros no menos importantes por Calderón) y una verdadera división político-geográfica del país, bajo la cual sectores importantes del norte están con el PAN, en tanto que el centro es base social de AMLO y el sur amenaza convertirse en el factor de mayor inestabilidad, rebeliones y crecimiento de la lucha de clases.

Esta crisis del régimen también se expresa en la creciente división y polarización social entre los sectores medios acomodados y altos respecto a las grandes mayorías; para estas últimas las instituciones de la “alternancia” están muy deslegitimadas, lo cual debilita su capacidad para ejercer consenso y le plantea a la clase dominante la necesidad de acudir a los mecanismos de coerción.

Como expresión máxima de la crisis de las instituciones y de la polarización social está la tendencia recurrente a enfrentamientos más directos de la lucha de clases con métodos radicalizados, con nuevas formas de organización y con trasgresiones a la legalidad burguesa.

La crisis estratégica para la dominación burguesa en México (y para mantener la estabilidad que anhela el imperialismo) es que la política predominante en el régimen, avalada por la gran burguesía, se basa en crecientes rasgos bonapartistas y por ende tiende a acrecentar el descontento entre las masas. Al estar cimentada en el fraude contra la oposición de centroizquierda, se limitan las posibilidades de variantes “institucionales” firmes y a largo plazo que generen nuevas ilusiones entre las masas respecto a la “democracia” burguesa. Esto no significa que el régimen no intentará cooptar o integrar a sectores del PRD, como forma de descabezar o dividir a la oposición y de darle una base superestructural mayor al régimen, que en lo esencial se apoya a nivel parlamentario en el acuerdo PRI-PAN. Pero, teniendo en cuenta el antecedente del fraude y la política lopezobradorista de “desconocer” a Calderón, difícilmente esto recree ilusiones como las que cosechó Fox en el año 2000.

Y es que, en la medida que los representantes políticos de la burguesía recrudezcan su ofensiva sobre las conquistas sociales y las libertades democráticas de las masas, la brecha entre éstas y el régimen tenderá a crecer. Este es el factor más dinámico de la situación, percibido por los analistas más lucidos de los medios de comunicación burgueses, que comienzan a plantear una situación de “fin de régimen” [10].

De igual forma, esto podría profundizarse si se agudiza la lucha de clases y tiende a superarse la desigualdad en la acción de la clase obrera. Y es que mientras la lucha de Oaxaca estaba en su cénit, el movimiento obrero de las grandes concentraciones industriales (como en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, la zona fronteriza norte) estaba inactivo. Cuestión en la que jugaron un rol fundamental las direcciones sindicales burocráticas para evitar esta perspectiva que objetivamente estaba planteada por el gran descontento existente y la simpatía con la lucha de los trabajadores y el pueblo oaxaqueño.

El elemento fundamental que limita por el momento el desarrollo de la situación es la fuerte unidad burguesa que existe tras el nuevo gobierno de Calderón, que cuenta con el aval de las transnacionales y los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y Europa [11] así como del “voto de confianza” de burgueses tradicionalmente referenciados con AMLO, como el caso del magnate Carlos Slim Helú. Es un elemento de cohesión para la dominación burguesa en el país que ningún sector patronal ni sus representantes políticos (ni siquiera el PRD) cuestione y presente un programa alternativo (en los marcos burgueses) frente al TLC y la ofensiva imperialista sobre el país. Esto responde a la fuerte ligazón y dependencia respecto al imperialismo norteamericano por parte de la clase dominante en México.

Sin embargo, a mediano plazo el creciente debilitamiento de la hegemonía norteamericana, el deterioro de la relación privilegiada del gobierno mexicano con el amo del norte, la presión imperialista para quedarse plenamente con el dominio de áreas económicas estratégicas como el petróleo o la apertura de mercados “protegidos” como el de las telecomunicaciones hoy en manos de magnates nacionales como Slim, junto a las crecientes dificultades de la ubicación de México en la división mundial del trabajo, podrían en el futuro posibilitar (lo que hoy es algo hipotético) que sectores del mismo régimen comiencen a cuestionar, aunque sea parcialmente, la actual política económica y la subordinación incondicionada al imperialismo, con lo que se abrirían brechas más profundas entre “los de arriba” y se podría desplegar una crisis orgánica del régimen de dominación burguesa [12].

En ese marco, los intentos por frenar el desarrollo de una situación más convulsiva y una crisis terminal del régimen, responderán al grave peligro que significa, para la dominación imperialista, un proceso de estas características en el patio trasero del imperialismo norteamericano. La situación imperante en México, que en los ‘80 actuó como el Estado tapón para frenar y contener la revolución centroamericana y su impacto en EE.UU., que en la segunda mitad de los años ‘90 e inicios de esta década fue un polo de estabilidad continental (junto a Chile y Colombia), podría alentar la emergencia de nuevos procesos en Estados Unidos y particularmente entre los trabajadores latinos. Este fantasma cobra aún más fuerza en un contexto marcado por una creciente debilidad del gobierno republicano y donde se han dado ejemplares luchas como las de las trabajadoras latinas de limpieza en Houston, Texas.

Las perspectivas del nuevo gobierno

Felipe Calderón asumió en un contexto marcado por movilizaciones de repudio que parecen un anuncio de lo que afrontará, signado por una gran ilegitimidad. Las imágenes que recorrieron el mundo, de un presidente entrando literalmente “por la puerta de atrás” del Congreso, custodiado por la Armada (algo inédito por lo menos en los últimos años) y con el marco de una trifulca en la tribuna parlamentaria entre el PAN y el PRD, evidencian la crisis que planteamos previamente.

Hasta ahora, la clase dominante evitó que se profundicen los recientes acontecimientos álgidos transcurridos entre julio y noviembre (en particular las semanas donde coincidieron las movilizaciones democráticas con el proceso revolucionario abierto en Oaxaca). Y con la derrota de la Comuna de Oaxaca (que previamente había sido aislada con el cese de las movilizaciones antifraude) se cerró en lo inmediato la posibilidad de que se generalizase la movilización y la lucha contra el gobierno de Fox, y se abrió -en el marco de la etapa más general iniciada el 2 de julio- una situación signada por la ofensiva del nuevo gobierno y de las instituciones, donde las masas fueron coyunturalmente sacadas de la escena.

En ese marco, el gobierno de Calderón se presenta como pro imperialista, entreguista y reaccionario frente a las masas y sus conquistas, con una política ampliamente “austera” y restrictiva, como es la reducción presupuestaria en áreas como Educación, y el incremento de salarios para las Fuerzas Armadas, que aparece como una medida necesaria para un gobierno que buscará apoyarse en mayor medida en una política represiva. Este curso probablemente se combinará con políticas de corte clientelar, para cooptar a sectores muy postergados de la población, y medidas formales (como una ínfima reducción salarial para los altos funcionarios públicos) que de paso pretende tomar una de las banderas de campaña de AMLO.

El gabinete con nombres como Agustín Carstens -ex vicepresidente asociado del FMI- en la Secretaría de Hacienda, junto a varios ex salinistas, ex zedillistas y cuadros políticos del panismo, demuestra el carácter “neoliberal” del nuevo gobierno, expresado también en el nombramiento de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, de Juan Molinar Horcaditas en el IMSS y de Jesús Reyes Heroles en Energía, cuadros óptimos si se trata de profundizar la entrega del país al imperialismo y dar golpes a los trabajadores que se opongan. De igual forma, el nombramiento del torturador jalisciense Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, es toda una amenaza de mano dura contra las luchas obreras y populares. El adelanto de esto ya lo vimos en la represión que desde el 1 de diciembre continúa en Oaxaca y el encarcelamiento de activistas de la APPO.

Al mismo tiempo, el gobierno de Calderón buscará apoyarse en los pactos y acuerdos en el Congreso de la Unión, en particular con el PRI, para legitimar los planes contra las masas. El rol del PRI será fundamental para darle cierta estabilidad a las instituciones del régimen, ya que mantiene gran número de gobernaciones y una bancada en el Congreso de la Unión. La más reciente muestra de esto fue la negociación sobre el presupuesto para el año 2007, donde el PAN, para evitar que el PRI y el PRD “reventaran” la sesión del Congreso, se vio obligado a negociar con la oposición y “liberar” más de 30.000 millones de pesos para que sean asignados por el Congreso.

El de Calderón será entonces un gobierno semibonapartista, que se apoyará de forma combinada en las instituciones características de la democracia burguesa degradada (como el Congreso de la Unión) y en una mayor cuota de represión contra la vanguardia y medidas coercitivas para amedrentar al movimiento de masas. Esto se profundizará por las perspectivas económicas que le esperan al nuevo gobierno, donde se abre la posibilidad de una “desaceleración” del crecimiento relativo de 2003-2006, y las estimaciones plantean un crecimiento del PBI menor al de 2006 y un aumento de los niveles de déficit comercial y de cuenta corriente, enmarcada en un menor crecimiento del PBI de EE.UU.

El carácter de este gobierno agudizará la conflictividad política y social en México. Aunque en lo inmediato el triunfo burgués logrado en Oaxaca puso a las masas a la defensiva, la tendencia es que el gobierno reaccionario y sin ninguna legitimidad entre las masas puede provocar como reacción la respuesta de nuevos sectores de la clase obrera y los oprimidos del campo y la ciudad que ya han iniciado una gimnasia de lucha durante 2006. La mayor coerción por parte de la clase dominante empujará posiblemente una mayor radicalización y una tendencia a un mayor enfrentamiento entre las clases. La lucha de Oaxaca, con sus gérmenes de guerra civil expresados en las barricadas y en las bandas paramilitares actuantes, es una anticipación real de esta dinámica y de la posibilidad de que se abra un salto de la lucha de las masas en el próximo periodo.

Algunas hipótesis sobre la posible dinámica

¿Cuál será la dinámica que asumirá la lucha de clases en México? Es evidente que existe una dinámica desigual entre los distintos sectores de la clase obrera, como muestra el hecho de que la lucha de la APPO no se sincronizó con el movimiento de masas nacional, como habría sido posible si no hubieran sacado de las calles al movimiento democrático a principios de agosto, y si los sindicatos hubieran convocado a movilizar a sus afiliados.

Esto -que fue responsabilidad en primer lugar de las direcciones burguesas y reformistas-, plantea la posibilidad de que un proceso revolucionario en México se desarrolle con ritmos desiguales, de forma similar a como se dio, por ejemplo, la situación abierta en Bolivia en 2000, donde el proceso iniciado en Cochabamba luego se fue extendiendo y desarrollando hasta el centro político y social de La Paz, mientras zonas como Santa Cruz de la Sierra se mantuvieron relativamente al margen y fueron el foco de la reacción.

Es importante recordar que la lucha de Oaxaca, al darse en un estado alejado del centro de país y al lograr evitarse que irradie y provoque una salida generalizada en los principales centros políticos y económicos de México, no abrió todavía un proceso generalizado de acción directa a nivel nacional. En ese sentido, mientras hemos entrado en una nueva etapa prerrevolucionaria, aún no asistimos a la “revolución misma” ni en México ni en Oaxaca, y por ende los ritmos del desarrollo de la nueva etapa pueden ser lentos y desiguales, extendidos a lo largo de varios años, donde la maduración y desarrollo de la vanguardia (que hoy está localizada en Oaxaca) sería más rápida y acelerada que el proletariado concentrado en los grandes centros políticos del país.

De igual forma, el lastre que arrastra la subjetividad de los grandes batallones del proletariado industrial y de los servicios, atenazados y contenidos por la burocracia de los sindicatos, fortalece la posibilidad de un proceso de largo aliento, donde las condiciones para la entrada en escena de estos sectores sean distintas respecto a la vanguardia oaxaqueña.

Por otra parte, hay que considerar la posibilidad de que una ofensiva generalizada por parte del gobierno calderonista (que aunque intenta dar una imagen de dureza está debilitado por su ilegitimidad) genere un amplio frente obrero, popular y de sectores medios, empujando respuestas generalizadas y acelerando la experiencia y la salida a luchar de sectores más amplios de las masas. Al mismo tiempo, el ataque sobre las libertades democráticas (como se ve hoy en Oaxaca) y sobre las conquistas obreras, puede dar pie a movilizaciones democráticas, nuevas luchas de carácter reivindicativo, en defensa de los contratos colectivos, contra las privatizaciones o contra el ataque a la salud o las amenazas de recorte presupuestal a la educación.

Lo que está por verse es con qué ritmos se desarrollarán nuevas acciones de lucha y -porque no- nuevos ensayos revolucionarios que enfrenten y pongan en cuestión al gobierno de Calderón durante los próximos años.

Ante ello, cobrarán mucha importancia los mecanismos de contención, integración y recomposición del régimen que la clase dominante y sus políticos más lucidos logren diseñar y establecer para recomponer la base de sustentabilidad política del actual régimen deslegitimado, los que se combinarán con la acción represiva. En definitiva, mecanismos de corte “gatopardistas” -siguiendo la definición de Antonio Gramsci- para recrear ilusiones en las instituciones y alejar el peligro de una profundización de la lucha de masas. Como planteamos más arriba, el cisma entre el bloque PRI-PAN y el PRD (que por su apoyo de masas, sería la principal carta para relegitimar las instituciones de dominio), va en contra de una salida que recomponga en lo inmediato el régimen a los ojos de las masas oprimidas y explotadas. Sin embargo, la política de sectores del PRD (como los gobernadores y la misma bancada parlamentaria que llamó al PAN a “olvidar el 1 de diciembre”) va a favor de una recomposición al menos superestructural del régimen burgués, pero que es endeble en su legitimación entre las masas.

En este marco, cobrará mucha importancia el rol que asuma López Obrador, el cual es el político más prestigiado, y por ende, la mejor carta de contención ante el movimiento de masas. ¿Llegará AMLO a algún acuerdo con el PAN y el PRI para fortalecer las maltrechas instituciones del régimen dándole un nuevo respiro a éstas? ¿O privilegiará ubicarse como el portavoz de los millones de descontentos, manteniendo la presión a las instituciones sin “transar” con las mismas y desconociendo formalmente el triunfo de Calderón, al estilo de Perón en sus años de exilio? Una “reintegración” de AMLO sería posiblemente un elemento de relegitimación de la alternancia (además de que tal vez le granjearía el apoyo de sectores burgueses de los que se ha alejado, como Slim), pero podría acarrear un costo político importante para el tabasqueño ante sectores de las masas y de la vanguardia, que podrían acelerar su experiencia con esta dirección. De otra forma, mantenerse al “margen” de los acuerdos con el PRI y el PAN, prestigiaría aún más a esta dirección y lo llevaría a apoyarse más directamente sobre el movimiento de masas, pero privaría al régimen de su mejor carta para recomponerse. Como queda demostrado, cualquiera de las posibilidades en curso presenta costos políticos importantes para el régimen de la alternancia.

Las tareas del próximo periodo

La etapa que se abre y la actual ofensiva del gobierno pro imperialista plantea tareas fundamentales.

En primer lugar, la necesidad de impulsar la lucha contra la represión a la vanguardia y en defensa de las libertades democráticas, desarrollando un movimiento nacional en solidaridad con los luchadores de la Comuna de Oaxaca, por la libertad de todos los presos políticos y la reaparición de los desaparecidos, entre otras demandas. Esto requiere impulsar una Coordinadora Nacional contra la Represión, la cual debería ser puesta en pie por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los sindicatos que conforman la UNT, las organizaciones que integran la APPO, así como “La Otra Campaña” liderada por el EZLN, y también por la LIMEDH (Liga Mexicana por los Derechos Humanos) y el conjunto de las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos. De igual forma, hay que llamar al conjunto de las organizaciones que se reclaman democráticas (como las que integran la CND) a que se hagan parte de esta tarea.

Es necesario también alentar toda tendencia de los trabajadores a salir a luchar por sus demandas, buscando que se superen los límites gremiales y sectoriales, uniendo sus filas en torno a un programa común que centralice sus reivindicaciones bajo una perspectiva que enfrente los planes de hambre y miseria del nuevo gobierno. En los próximos meses ésto pasará por enfrentar el ataque al salario y el desempleo, las privatizaciones y el ataque al sector energético, así como el recorte al presupuesto para la educación, y sobre el ISSSTE y el IMSS. La perspectiva bajo la cual hay que impulsar estas luchas es la de preparar el terreno para una gran movilización obrera y popular contra el nuevo gobierno panista.

Para avanzar en retomar la ofensiva contra el gobierno será necesario superar la acción de contención que juegan las direcciones sindicales burocráticas, como el rol del CT-CTM y la dirección del magisterio nacional, que le ha prometido lealtad a Calderón. Y en el caso de la UNT, que, aunque mantiene un discurso “opositor”, bajo el foxismo se mostró dispuesta a avalar el ataque contra los trabajadores. Por todo eso, en las próximas luchas será necesario, junto a impulsar las demandas y reivindicaciones más elementales, alentar las tendencias a superar y sacarse de encima a la burocracia sindical, retomando las experiencias antiburocráticas de los trabajadores del IMSS y sectores de trabajadores en Oaxaca.

De igual forma, este nuevo gobierno redoblará la opresión imperialista sobre el campo y garantizará la dominación de los terratenientes y agrobusiness. Por eso, la clase obrera, actuando como caudillo de toda la nación oprimida, debe retomar las demandas de las masas agrarias, bajo un programa que denuncie la expoliación imperialista (comenzando por el No pago de la Deuda y la lucha contra el TLC y el Plan Puebla Panamá), por la reforma agraria radical que entregue la tierra a los campesinos pobres, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Para luchar por esta perspectiva, es necesario que los trabajadores encabecen la lucha contra el gobierno y sus planes, con sus métodos (como la huelga general), y con una perspectiva de independencia de clase respecto a las instituciones del régimen y los partidos patronales, desconfiando de las trampas y mecanismos de recomposición de las instituciones de la alternancia. En particular, es fundamental la más completa independencia política y organizativa del PRD, lo cual es opuesto a la política impulsada por las burocracias sindicales opositoras (que participaron en las listas electorales de este partido) como también por otras organizaciones de la izquierda, incluidos grupos que se reclaman trotskistas, como el PRT, que embellecen a AMLO y su política “antineoliberal” en la CND.

Desde la LTS-CC, creemos que, en los próximos meses, junto a alentar las luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones más elementales y en contra del nuevo gobierno calderonista, hay que retomar y generalizar la experiencia de Oaxaca y sus lecciones más avanzadas (como sus métodos de lucha y la tendencia a poner en pie un embrión de poder alternativo).

Es necesario agrupar a la vanguardia obrera y juvenil bajo una perspectiva que plantee la necesidad estratégica de desarrollar los organismos de lucha y autoorganización de las masas, en la perspectiva de liquidar el régimen de la alternancia y su subordinación al imperialismo y conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que sea capaz de iniciar la expropiación de los expropiadores y la organización de una sociedad sin explotadores ni explotados, basada en la democracia obrera y en la planificación democrática de la economía, como parte de la lucha por la extensión de la revolución a nivel internacional y la derrota del imperialismo.

Pero para esto es fundamental una estrategia política que prepare la movilización revolucionaria de las masas y una huelga general política, que abra el paso a una insurrección armada y triunfante que le arranque el poder a la burguesía. Las luchas que se comiencen a dar en los próximos meses y años serán una gran escuela en la cual puede surgir una nueva vanguardia que se haga conciente de esta perspectiva y sea capaz de encabezar la lucha por una segunda revolución mexicana triunfante, obrera y socialista.

Para abonar este camino, es fundamental comenzar a dar pasos decididos en la construcción de un gran partido de trabajadores revolucionario, socialista e internacionalista, que agrupe a la vanguardia obrera y popular que hoy existe, en torno a una estrategia de poder para los explotados y oprimidos. Es bajo esa perspectiva que, desde la LTS-CC y la FT, impulsamos propuestas abiertas dirigidas a la vanguardia oaxaqueña y a las organizaciones y militantes de la izquierda en México, con la intención de abrir una gran discusión sobre el programa y la estrategia de un nuevo partido revolucionario unificado. Este artículo, y los que integran este dossier, son un aporte a la necesaria y urgente discusión entre todos aquellos que nos reivindicamos partidarios de la revolución obrera y socialista, y entre todos los que defendemos los métodos radicalizados y la lucha revolucionaria de los comuneros de Oaxaca.

[1] La última expresión de este descontento fue la huelga de los estudiantes de la UNAM en 1999/2000, que, sin embargo, no logró actuar como catalizador de una lucha generalizada que derrotara esta trampa de contrarrevolución democrática.

[2] A fines de 2003, el intento de imponer la reforma fiscal (imposición del IVA a alimentos y medicinas) y avanzar en la privatización y apertura completa del sector energético al capital imperialista, generó una importante respuesta de los trabajadores, cuando el 27 de noviembre de 2003 se movilizaron alrededor de 150.000 personas. Esta manifestación fue convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la central opositora Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y se convirtió en la acción más importante en años por su masividad, por su carácter político y por los sectores sociales que entraron en juego. La participación obrera, expresada en los contingentes del SME, del Sindicato del Seguro Social, trabajadores telefónicos (que incluyó a cientos de jóvenes trabajadores que nutrieron los contingentes de electricistas y de otros sindicatos), junto a sectores populares, juveniles y estudiantiles, convirtió la marcha en un frente único, obrero y popular, contra el gobierno y sus planes. Esta movilización fue la expresión más alta del descontento; si en los meses y años previos la resistencia fue dispersa y parcial, el 27/11 marcó un salto cualitativo con su tendencia a la unidad de los sectores en lucha y logró frenar los planes de Fox y el imperialismo. Con esta importante acción, México comenzaba a ponerse a tono con la situación de la mayor parte de América Latina.

[3] A fines de 2003, Fox anunció una reforma que aumentaba la edad de jubilación y los aportes obreros al sistema de jubilaciones, atacando el Contrato Colectivo de Trabajo de un sindicato de 360.000 afiliados. Desde fines de 2003, se dio un proceso de movilizaciones y acciones callejeras, y en marzo, en el XXIII Congreso extraordinario del SNTSS (Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social), la presión de las bases impulsó a la mayoría de los delegados a oponerse a las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, en contra del secretario general del sindicato, Roberto Vega Galina (uno de los presidentes colegiados de la UNT) quien las defendía en acuerdo con la Secretaría de Salud y el gobierno de Fox. En julio de ese año, se dio un fuerte proceso de lucha y movilización de los trabajadores de los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con cortes viales, mítines y paros escalonados. La movilización avanzó nacionalmente y el 4 de agosto, ante la inminente votación, sectores de trabajadores bloquearon el Senado, una medida inédita en México (previamente habían cercado el Congreso de la Unión), y la UNT y el SME (Electricistas, uno de los sindicatos con mayor tradición combativa en el país) realizaron un paro nacional el 1° de septiembre de 2004.

[4] Según datos oficiales en http://www.eluniversal.com.mx/gráficos/presupuesto/presupuesto07.htm

[5] Los trabajadores de la planta siderúrgica Sicartsa ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, llevaban diecinueve días de huelga en defensa de la autonomía de su organización, contra la injerencia directa del gobierno sobre el sindicato. El 20/4/06 ochocientos efectivos de la policía estatal, Policía Federal Preventiva y grupos especiales, avanzaron hacia la planta armados con gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego. La tremenda represión policial provocó la muerte de dos obreros. A pesar del intimidante operativo policíaco, acompañado del Ejército, los obreros replegaron a la policía, ya que después de seis horas de enfrentamiento comenzaron a llegar contingentes de apoyo de otras plantas del la ciudad y la policía recibió la orden de replegarse hacia las playas y puntos “vitales” de la ciudad, para evitar que se desatara un verdadero levantamiento de todo el pueblo trabajador de Lázaro Cárdenas.

[6] El PAN y el PRI impulsaron el desafuero de AMLO, con la intención de que afrontara un juicio y de esa forma privarlo de la posibilidad de presentarse como candidato para las elecciones del 2006. Luego de la votación del desafuero en el Congreso de la Unión, finalmente el gobierno de Fox retrocedió y suspendió la acción judicial.

[7] Expresada, por ejemplo, en los fenómenos antiburocráticos en Salud y en los métodos de lucha radicalizados en Sicartsa.

[8] La distribución de los escaños en la Cámara de Diputados es: PAN 206, PRD 127, PRI 106, PVEM 17, Convergencia 17, PT 12, Nueva Alianza 9, Alternativa Socialdemócrata 5, Independientes 1.

[9] Por otra parte, la confrontación del gobierno con los dirigentes charros del sector minero, como Napoleón Gómez Urrutia, alentó el surgimiento de alas “opositoras” como la liderada por Elías Morales, con posiciones abiertamente gubernamentales y que favorecieron la política de injerencias del panismo sobre los sindicatos, la cual buscaba generar mejores condiciones para atacar al movimiento obrero, debilitando a sus organizaciones tradicionales y aprovechándose para ello del desprestigio del charrismo tradicional.

[10] Raymundo Riva Palacio, “El fin de un régimen”, El Universal, 6 de diciembre de 2006: “Las reglas de juego que hicieron que la rendición de cuentas vertical, a través del IFE por ejemplo, fueran muy útiles en 2000 -por razones inclusive de la personalidad de los actores-, resultaron obsoletas en 2006. El proceso electoral este año fue la crisis de las reglas del juego, de sus viejas leyes, normas y, por consiguiente, de sus instituciones”.

[11] Como el gobierno de Rodríguez Zapatero, fuerte defensor de los intereses de las empresas de telecomunicaciones y de las inversiones españolas en, por ejemplo, más de 140 proyectos en fuentes de energía renovables como plantas helioeléctricas.

[12] Retomando la definición clásica dada por Antonio Gramsci.

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