Un debate político sobre las explosiones de PEMEX

01 Aug 2007   |   comentários

Los atentados contra Pemex abrieron una discusión sobre el papel de los «cuerpos de seguridad nacional». El PRD y el resto de la centroizquierda cuestionaron la incompetencia del CISEN y denunciaron que éste está más enfocado en el espionaje político, llamando a que se le asignen más recursos y a que se perfeccione, contra la política del gobierno de desaparecerlo. ¿Pero es que el CISEN podía actuar de otra manera? Más que nunca, la sociedad está «vigilada» políticamente por los cuerpos de espionaje que, con infinidad de métodos y avanzada tecnología, alcanzan a todos los sectores y niveles: en especial a las organizaciones políticas y a los luchadores sociales.

El verdadero papel del aparato represivo del Estado, incluyendo sus «servicios de inteligencia», no es salvaguardar la seguridad de los «ciudadanos», sino garantizar la estabilidad del régimen y los intereses de los capitalistas, contra la organización y la lucha de los explotados. Para poder atentar libremente contra el patrimonio nacional y los intereses de las mayorías, como quiere hacer el gobierno privatizando Pemex. Toda política que apunte a fortalecer este aparato, como propone el PRD, es contra los trabajadores y el pueblo. La única alternativa progresiva es la disolución de todas las fuerzas represivas, que hostigan, persiguen, secuestran, encarcelan y asesinan a los luchadores sociales.

Tras los atentados, los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores condenaron en un comunicado público la violencia «venga de donde venga», equiparando la violencia del Estado con la de las organizaciones guerrilleras. Con esto encubren el carácter antidemocrático del régimen, que impone la violencia y el saqueo cotidiano de la clase poseedora sobre los desposeídos; y condenan de antemano cualquier acto subversivo contra el orden existente.

Se les olvida que para los capitalistas y sus representantes políticos, frente al gran descontento existente a nivel nacional, violencia es marchar, como muestra la reciente campaña para reglamentar las marchas en el D.F.; hacer un plantón, como muestran los continuos ataques mediáticos contra el plantón de la CNTE frente a las oficinas del ISSSTE; o, más aún, parar la producción con una huelga, atentando contra la propiedad privada de los medios de producción. Para ellos violencia es luchar. El derecho y la ideología burguesa condenan toda violencia que no sea la del Estado contra los desposeídos y los luchadores.

Los marxistas revolucionarios no somos «neutrales» ni pacifistas. Estamos con la lucha de los trabajadores, los campesinos y el pueblo contra el régimen antidemocrático que integran el PRI, PAN y PRD. Defendemos a los militantes de las organizaciones guerrilleras y a todos los luchadores, las organizaciones y los movimientos sociales, de la represión del estado burgués. Oaxaca demuestra, por poner un ejemplo avanzado, que ante la violencia de los de arriba, debemos prepararnos mejor. Sembrar confianza en que las autoridades van a solucionar los conflictos por la vía de diálogo, como mínimo nos vuelve impotentes frente a la represión. Subvertir el orden existente no será pacífico, por el propio accionar de los políticos patronales y los explotadores, que no cederán sus privilegios sin una resistencia encarnizada.

Una estrategia socialista y revolucionaria contra el estado burgués

Sin embargo, los socialistas revolucionarios no compartimos los métodos ni la estrategia guerrillera, cuya base la integran campesinos y jóvenes que están convencidos de que ésa es la única alternativa para enfrentar al estado burgués. Los marxistas consideramos errónea la idea de que un grupo armado pueda golpear decisivamente al estado y su ejército, y que sus acciones vayan a lograr la liberación de los presos y la presentación de los desaparecidos. Para esto, es fundamental la acción de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, que con la movilización masiva e independiente, con sus propios métodos de lucha como la huelga general, pueden poner un alto a la represión del estado burgués y lograr el conjunto de las demandas democráticas. La experiencia histórica muestra que es la acción de los trabajadores y el pueblo pobre la que puede enfrentar al régimen y su aparato represivo hasta derrotarlos.

La acción de las masas no puede ser suplantada por ninguna organización armada, más allá del heroísmo de sus integrantes. Por eso apostamos a la autoorganización de las masas, mediante sus propios organismos democráticos (asambleas, consejos, comités, etc.), para que decidan cómo y a dónde dirigen su lucha. Ése es el ejemplo que comenzaba a plantear Oaxaca con la APPO. Esta es también la mejor forma de organizar una autodefensa efectiva de los movimientos y las organizaciones sociales, que no puede suplantar la acción de la guerrilla, donde el armamento y las decisiones de su utilización son monopolizadas por el aparato militar. En el caso de la APPO, se mostró también la necesidad de que la autodefensa fuera organizada desde las bases y que las distintas organizaciones se pusieran al servicio, sin condicionamientos, de la organización del pueblo oaxaqueño.

Impulsar la movilización obrera, campesina y popular, requiere de la más absoluta independencia política y organizativa de los partidos patronales, que más allá de su ubicación oficialista u «opositora» con relación al gobierno, siempre buscan preservar al régimen político del que forman parte. Al mismo tiempo que defendemos a sus militantes perseguidos, hostigados y desaparecidos, no podemos dejar de decir que, lamentablemente, en distintos momentos el EPR ha demostrado su falta de independencia política manifiestan su apoyo a un partido patronal como el PRD, cuando lo que hace falta es luchar por la independencia de clase de los trabajadores.

En esta lucha, es fundamental que la clase obrera se dote de una herramienta política propia: un partido de trabajadores revolucionario, que armado con una teoría, un programa y una estrategia socialista, pueda impulsar la lucha obrera, campesina y popular por un gobierno propio, contra el antidemocrático régimen de la alternancia y sus fuerzas represivas.









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